Si el PP vuelve a ganar las elecciones y sus responsables cumplen a rajatabla el programa electoral presentado ayer en Valencia, la Generalitat se parecerá cada vez más a una empresa privada. En tiempos de crisis en los que las arcas autonómicas no dan ni para pagar sellos, los populares parecen dispuestos a imponer criterios de ahorro en la gestión no sólo en el ámbito de la Generalitat, sino también al resto de administraciones; léase ayuntamientos y diputaciones, quienes tendrán que someterse a techos de gastos fijados en futura una Ley de Estabilidad.
Además de los compromisos de reducción de un 25% de los altos cargos y personal de confianza y del 30% las subvenciones avanzados por Levante-EMV,el documento electoral recoge el propósito del Consell de buscar el ahorro mediante la privatización de más servicios. Estima que "la realización privada de algunas de las funciones que actualmente viene realizando la Administración pública" podría ser más eficiente. El PP plantea recortar los gastos de representación, publicidad institucional, así como racionalizar el sector público mediante la concentración de empresas en grupo empresariales.
Quien mejor gestione, más recursos tendrá. Camps, en caso de revalidar la presidencia de la Generalitat, quiere introducir incentivos en la distribución del presupuesto de la Generalitat para que "se prime la eficiencia en la ejecución" del último ejercicio.
Los criterios de eficacia en la gestión incluyen el compromiso de supervisar todas las actuaciones de las administraciones públicas que vayan a gestionarse a través de las colaboraciones público-privadas o mediante concursos, licitaciones o contrataciones. Además, se recoge un compromiso genérico de aumentar la rendición de cuentas y la calidad democrática, mediante la transparencia y la participación mediante sistemas comunes de control de gestión económica, para todas las entidades privadas que gestionen servicios públicos. El PP asegura que aprobará planes de evaluación de la eficiencia de las administraciones públicas.
El Consell hará un estudio de puestos vacantes y de la plantilla de empleados públicos y "limitará al mínimo indispensable" la convocatoria de ofertas de empleo público para adecuar las plantillas. Hay un compromiso de profesionalizar los puestos directivos para que sean ocupados por funcionarios.
El PP extiende en su programa electoral el compromiso de austeridad para todos los cargos públicos, ya sea en el gobierno o en la oposición, y para ello propone un acuerdo para homologar las retribuciones de los miembros de las corporaciones locales y limitar el número de cargos públicos en atención a criterios de población y presupuesto. Las propuestas de Camps recogen también la elaboración de un documento en el que se delimiten las competencias y recursos de todas las administraciones y se eviten las duplicidades.
En un momento de rebelión de los proveedores de la Generalitat, el programa electoral recoge el compromiso de pago a 30 días en cumplimiento de la Ley de Morosidad. También se recogen compromisos para reforzar la lucha contra el fraude fiscal, en el acceso a los servicios públicos y a las subvenciones.
Las medidas del PP para sacar a los municipios de la asfixia económica incluye apostar por figuras asociativas de carácter supranacional que hagan la gestión municipal más eficaz. En concreto se habla de "acuerdos de gestión compartida entre municipios" que supongan recortes de gastos. El PP exige al Gobierno central una ley que garantice un modelo estable de financiación local.
