Los acusados por la muerte de cinco personas en el incendio de la residencia San Lorenzo de Brindis de Massamagrell no tendrán que pasar por prisión, aunque tres de ellos han aceptado compensar económicamente a tres de las familias de las víctimas (las que han continuado con la causa) con indemnizaciones que no superan los 90.000 euros.

Tras la conformidad a la que han llegado los abogados de la defensa con la fiscalía, el juzgado penal 12 de Valencia resolvió ayer imponer una pena de 18 meses de prisión (lo que les evita ir a la cárcel) por cinco delitos de homicidio imprudente contra el director del geriátrico, un médico y el administrador, que es hijo del propietario de la residencia.

El propietario -para el que el fiscal solicitaba inicialmente, como a los otros tres acusados por él, una pena de prisión de siete años y medio más el pago de una indemnización de 120.000 euros para los herederos de tres de los fallecidos- ha aceptado por su parte una multa de 540 euros (nueve euros al día durante dos meses) por cinco faltas por imprudencia. Una de las enfermeras que cuidaba de los cinco discapacitados psíquicos fallecidos y que fue denunciada por una de las acusaciones particulares, ha quedado absuelta.

Homicidio por imprudencia

Aunque el delito que han aceptado los tres principales acusados es el mismo que les imputaba la fiscalía -el homicidio por imprudencia-, la pena de cárcel de año y medio es mucho menor que la que en un principio pedía el ministerio público. La juez encargada del caso ha visto atenuantes por dilaciones indebidas (el incendio fue en junio de 2006 y el juicio se ha suspendido hasta en tres ocasiones, contando la del pasado miércoles) y al aceptar los imputados la reparación del daño. Es decir, deben indemnizar a las familias de los fallecidos.

En este sentido, aunque no se han hecho públicas las cifras de los acuerdos entre las familias y los tres responsables de la residencia, fuentes cercanas al caso aseguraron que ninguna de las tres indemnizaciones supera los 90.000 euros, 30.000 menos de lo que solicitaba la fiscalía. La defensa ha pedido para ellos la suspensión de la pena de prisión, a lo que la acusación pública no se ha opuesto aunque será el juzgado de ejecutorias quien resuelva este punto.

De esta forma se cierra un proceso cuyo origen se remonta a junio de 2006 cuando los cinco ocupantes de la enfermería de la residencia San Lorenzo de Brindis murieron por asfixia al declararse un incendio en su interior. Tal como señalaba la fiscalía, y ayer aceptaron los acusados por homicidio imprudente, la puerta de la enfermería estaba cerrada con llave y no había nadie vigilando a los internos.

"No quiero dinero. Quiero a mi hijo; que me lo devuelvan"


Milagrosa Villaescusa, la madre de uno de los internos que falleció en la residencia, aseguró minutos antes de la vista de ayer que sigue sintiéndose "mal" por lo que ocurrió aquel 28 de junio de 2006, pero que "dentro de lo malo va pasando el tiempo". Aun así, Milagrosa sigue lamentando las circunstancias de aquel siniestro mortal. "Si en ese momento hubieran estado al lado el médico o la enfermera, y mi hijo hubiera chillado, lo habrían oído". Su hijo David era el más joven de los cinco internos encerrados en la enfermería, y estaba atado de pies y manos a la cama en la que se inició el fuego, según la fiscalía, porque el enfermo provocó un cortocircuito. "Le tocó a mi hijo, le tuvo que tocar a él, lo tenía destinado, pero mi hijo no hizo nada de nada", insiste la mujer. Respecto a la compensación económica, ha dicho que eso a ella no le importa. "Yo quiero a mi hijo; que me lo devuelvan". V.C.M. València