El vicepresidente del Consell, José Ciscar, anunció ayer que el Gobierno valenciano tiene previsto reducir las 46 empresas que conforman actualmente el sector público valenciano dependiente de la Generalitat a seis entes. El acuerdo, que según precisó Ciscar, será aprobado hoy en el pleno del Gobierno valenciano forma parte del paquete de medidas para lograr un ahorro de mil millones de euros anunciado en su discurso de año nuevo el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra.

La medida, de ejecutarse en los términos anunciado por Ciscar, supone en la práctica desmantelar un sector público que había ido engordando al calor de los gobiernos del PP y que con el paso del tiempo se había convertido en un autético lastre para las arcas autonómicas. En un momento en que la Generalitat Valenciana se encuentra al borde de la quiebra técnica, el Ejecutivo de Fabra ha tenido que tomar medidas contundentes para salir de la asfixia financiera. Aunque desde hace tiempo las empresas públicas estaban en el punto de mira de los recortes, es evidente que el Consell se ha visto obligado a acelerar un proceso que, en un principio, desde la Conselleria de Economía se preveía más largo.

De hecho, el pasado mes de octubre se aprobó un decreto para sentar las bases para la racionalización del sector público. El propio titular de Economía, Enrique Verdeguer, argumentó que primera había que hacer una evaluación del sector para, después, ejecutar la supresión de empresas. En apenas unos días, el Consel ha tenido que saltarse su propia normativa e improvisar un plan para acometer de forma inmediata la reducción del sector público. Aunque desde el Consell no se quiso ayer avanzar detalles, todo apunta a que las competencias de las distintas empresas serán aglutinadas en seis grandes entes (podían quedar bajo los paraguas de Cultura, Ocio, Infraestructuras o Transportes) para ahorrar gastos de funcionamiento y de personal. Es es evidente, que el proceso implicará despidos.

El brutal recorte en el sector público viene precedido también por el tijeretazo en las fundaciones públicas que, tras los últimos acuerdos del Consell, se han reducido a la mitad.