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La Generalitat ha dado marcha atrás en su decisión, anunciada el miércoles, de reducir la jornada laboral para el personal interino y laboral temporal en los sectores sanitario y educativo.

Según el decreto-ley aprobado ayer por el Gobierno Valenciano, la jornada de 25 horas semanales afectará finalmente a 1.553 empleados de las consellerias y organismos autónomos de la Administración, "exceptuando su aplicación al personal de atención directa, residencias, centros de acogida, oficinas de empleo...". En el ámbito de la Justicia, la reducción de jornada, según las medidas del Consell, "afectará a un total de 49 empleados" y ésta también será aplicada al personal interino del sector público y fundaciones, las Cortes, así como las altas instituciones de la Generalitat.

Pese a esta rectificación, para CC OO "sigue sin estar claro qué va a ocurrir con los trabajadores interinos en Sanidad y Justicia". Con todo, para el sindicato, la reducción de la jornada laboral del personal interino "sin duda repercutirá de manera negativa en los servicios que la Administración presta al ciudadano". Y es que la peor parte de las medidas de ahorro adoptadas por el Consell se las llevan los funcionarios, de donde salen 258,2 millones de ahorro, como se informó extensamente en la edición de ayer. Al margen de la reducción de jornada laboral y salario al personal interino, el conseller de Hacienda anunció el miércoles que a los docentes interinos, especialistas y profesores de religión se les contratará desde el inicio de curso hasta junio.

El pago de la Incapacidad Laboral Transitoria no se completará al cien por cien. También desaparecerá la aportación del 0,3% del Plan de Pensiones de la Generalitat y se reducirá a la mitad el importe de los sexenios y se paralizará su aplicación. El personal sanitario verá reducido a la mitad el complemento de su carrera profesional. Además, los funcionarios perderán los seis "moscosos" de libranzas y los días adicionales de vacaciones que se disfrutan a partir de 18 años de antigüedad.

También se eliminarán las ayudas sociales (escolaridad, comedores....) y se limitarán las horas extras en la administración general y empresas públicas, sólo las estrictamente necesarias.