El Consejo de Política Fiscal y Financiera, el primero con Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno, aprobó anoche la apertura de una línea de crédito del ICO para las comunidades como la valenciana con serios problemas de liquidez para afrontar los pagos a proveedores y en servicios básicos como la educación o la sanidad, al tener cerrada la puerta del mercado de la deuda para solicitar créditos. La propuesta la planteó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en una reunión a la que asistieron el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, y el de Economía, Enrique Verdeguer. El recurso al ICO, planteado entre otras autonomías por la valenciana, como adelantó Levante-EMV, será «voluntario» por parte de las comunidades y tendrá como contrapartida el presentar un plan de ajuste adicional, negociado de forma bilateral con el Gobierno.

Es decir, que no bastará con el Plan de Reequilibrio que, como el Consell, ya tenía aprobado desde el Consejo de Política Fiscal de julio pasado para el periodo 2011-2013 y que comprometía una reducción del gasto el año pasado de 1.949 millones para cumplir con el objetivo del 1,3% de déficit respecto al PIB. La medida, que se extenderá a los ayuntamientos, está pensada para pagar a los proveedores y todavía está por concretar (devolución y condiciones), ya que, entre otras cosas, aún se desconoce la cuantía pendiente de pago. Eso sí, no comportará más déficit. Además, el Gobierno adelantará a las comunidades pagos correspondientes a la liquidación de 2010 que debían abonarse en julio por importe de 8.000 millones, de los que 6.000 corresponden a la liquidación del citado ejercicio y otros 2.000 a fondos adicionales de ese año. El anticipo será del 50% y, en el caso del Consell, ascenderá a 418 millones, de un total de 836 millones. Unos recursos que salvarán la caja del Ejecutivo.

Los acuerdos suponen todo un rescate a la difícil situación de la C. Valenciana, aunque están supeditadas al cumplimiento del déficit, de forma que las comunidades que lo burlen, tendrán sus cuentas «condicionadas» y supervisadas directamente por Madrid, hasta el extremo de que podrían llegar a ser «intervenidos». A estas iniciativas se sumó la decisión de aplazar de 5 a 10 años el plazo que tienen las comunidades para devolver al Estado la cantidad correspondiente de la liquidación de los anticipos a cuenta de los años 2008 y 2009 (31.000 millones). De este modo, las autonomías dispondrán de la mitad de esos 31.000 millones en los próximos cinco años. El Gobierno socialista se negó a conceder este aplazamiento mientras la fórmula de la línea del Instituto de Crédito Oficial estuvo a punto de salir adelante en julio pero quedó sobre la mesa. Vela, al igual que el resto de consejeros autonómicos, expresó su «absoluta satisfacción», y recordó que la apertura de líneas ICO es una «reivindicación histórica» del Consell que pedía desde hace meses.

No se descarta avalar la deuda

El Consell no ha logrado que Madrid anticipe el Fondo de Competitividad de 2011 pero a cambio le adelantarán los citados 411 millones de julio. Otra de las reivindicaciones, la posibilidad de que a través de algún mecanismo (tipo hispabonos) el Estado garantice la deuda que pidan las autonomías —para levantar el veto actual de los mercados— no fue descartada. El Ejecutivo reducirá los plazos de las autorizaciones de endeudamiento de las autonomías y, además, Montoro dejó abierta la posibilidad de avalar deuda de las comunidades. Un grupo de trabajo estudiará una fórmula que evite la rebaja del «rating» de la deuda estatal.

Estudio de la nueva financiación

Respecto a otra exigencia del Consell, la reforma del sistema de financiación para igualar los fondos por habitante de las autonomías, planteada ayer por Vela, el CPFF acordó crear un grupo de trabajo que se empezará a formar a partir de hoy. En la reunión también se conocieron las cifras de déficit ajustado en 2010, lo que permitió a Vela resaltar que la C. Valenciana «no es ni de lejos la que más déficit presenta», un 3,6%, mientras cuatro autonomías superan el 4%.