Fabra suaviza el castigo a la corrupción

La ponencia sobre los nuevos estatutos del Partido Popular que Mariano Rajoy encomendó al jefe del Consell, Alberto Fabra, será menos contundente de lo esperado en relación a la «pena» interna que la formación de la gaviota impondrá a priori a los cargos y militantes afectados por escándalos judiciales por corrupción. Los encargados de la ponencia —como coautores figuran la catalana Alicia Sánchez Camacho y el presidente de Cantabria, Ignacio Diego,— presentaron un texto lo suficientemente ambiguo para que, según el escándalo judicial o la persona afectada, el partido pudiera ser más o menos contundente. Sin embargo, la redacción que se entregó a Génova incluía una alusión directa a que todos aquellos «imputados judiciales» serían sometidos a un expediente disciplinario. La línea roja de la imputación ha devenido, sin embargo, en excesiva para un partido que, le guste o no, tiene a muchos de sus miembros —algunos de ellos muy destacados— en esta situación procesal. Sin ir más lejos, hasta hace sólo unas semanas el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, se encontraba sentado en el banquillo de los acusados por un delito de cohecho impropio. Con el nuevo código ético en la mano, tan sólo unos meses antes, hubiera tenido que ser investigado por su partido y expuesto a la retirada de carné. La absolución de Camps —que llegó días después de presentada la ponencia— ha dado oxígeno a quienes en el PP consideran que hay que ser precavidos antes de actuar contra alguien, ya que después puede ser absuelto.

Pero el caso de Camps no es el único. Tal como publicó en su día este diario una aplicación estricta de la ponencia de Fabra conllevaría en el caso de la Comunitat Valenciana a que como mínimo los cuatro diputados imputados en la causa de la financiación irregular del PPCV —Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra, Yolanda García— tuvieran que pasar por la inquisición del comité de garantías. Sin embargo, de momento, no tendrán que transitar este camino.

Las enmiendas presentadas a la ponencia de Fabra —más de 400, de las que varias van al núcleo duro del código ético— servirán de salida a Fabra para suavizar el texto enviado a Génova. Fuentes del PPCV admitieron que hay compromisarios que han presentado enmiendas a los artículos calientes de la ponencia, en concreto, al que hace referencia a los imputados judiciales.

En concreto, la ponencia establece que el PP abrirá una investigación interna a aquellos afiliados que «incurran en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público o realice conductas que estén tipificadas como un delito doloso que por su naturaleza sea considere incompatible con las obligaciones y deberes éticos» del partido. La regla, según el texto original, es que «desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una imputación judicial de un afiliado, por un caso de los referidos en este punto, se incoará al afiliado afectado el correspondiente expediente disciplinario». El comité de derechos y garantías podrá determinar la suspensión de militancia.

Fuentes cercanas a Alberto Fabra admitieron ayer que la alusión a imputados judiciales puede llamar a error y precisaron que la idea es abrir expedientes a aquellos que sean objeto de acusación por parte de un juez. Según esta interpretación, los imputados por la financiación, se salvarían, pero no el presidente del PP de Castelló, Carlos Fabra, contra quien ya se ha abierto juicio oral. Las citadas fuentes admitieron que el caso de Camps ha abierto un debate interno en el PP y que algunas de las enmiendas presentadas buscan poner el listón más alto a la hora de «castigar» a un militante. Otras fuentes mantenían ayer que la raya estará un poco más lejos: en concreto en la existencia de codena. Según estas fuentes existe una enmienda en ese sentido que el PP habría decidido ya aprobar en el Congreso Nacional de Sevilla. Desde el PPCV, por contra, se aseguró de forma contundente que todavía no se ha tomado ninguna decisión.

Por otro lado, se mantendría en la ponencia el castigo de expulsión a aquellos cargos o afiliados condenados por sentencia firme a pena de cárcel o inhabilitación. Las fuentes del PPCV recordaban que la ponencia obliga también a los cargos a una conducta ejemplar que, en caso de no seguirse, puede llevar a la expulsión. De ahí recuerdan las medidas contra Esteban Cuesta tras admitir los delitos ante el juez que investiga el caso Emarsa.

El presidente del PP de Castelló, el único que no se salva

El presidente del PP de Castelló y expresidente de la diputación de esta provincia, Carlos Fabra, será, a priori, el único de los dirigentes de la Comunitat Valenciana afectados por escándalos de corrupción que no se escapará de la aplicación del código ético. Fabra tiene que afrontar una fianza de 4,2 millones de euros tras un largo proceso judicial por tráficio de influencias, cohecho y delito fiscal. El barón provincial ya ha comunicado su intención de no acudir al Congreso Nacional del PP de Sevilla consciente de que su situación judicial es muy complicada. En el PPCV se da por hecho de que el presidente el Puerto de Castelló acabará dejando la presidencia del partido, una presión que se intensifica ahora con la ponencia de estatutos. Con todo, la decisión podría esperar a la celebración del congreso provincial, previsto para antes de junio. De momento, sigue a salvo la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien está siendo investigada, pero no está imputada.