El Gobierno cuestiona la legalidad de la ley que permite construir en bosque quemado

El acuerdo, de finales de marzo, comporta la creación de «un grupo de trabajo» para proponer a la comisión una «solución». Al tiempo, se comunica esta decisión al Tribunal Constitucional a los efectos del plazo del Gobierno para interponer un recurso de inconstitucionalidad. Madrid tiene tres meses para recurrir una norma autonómica que considere que invade sus competencias pero, si se inicia la vía de la negociación, el plazo se amplía a 9 meses. El Ejecutivo y, en concreto, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente que dirige Miguel Arias Cañete, cuestiona la constitucionalidad de una reforma de la ley forestal que abre la vía para construir en bosques quemados invocando el «interés general». Pero, al mismo tiempo, gana tiempo al iniciar este procedimiento que pretende evitar el recurso en el caso de que finalmente se llegue a un pacto para cambiar la redacción de la ley, en lugar de recurrir directamente la norma.

De ahí que la oposición expresara ayer sus recelos sobre los propósitos del PP, teniendo en cuenta que la prohibición de recalificar terrenos afectados por incendios —una fórmula para acabar con el eventual móvil de los pirómanos—se introdujo en la ley de Montes de 2006, de Gobierno de Zapatero.

El vertedero de Dos Aguas

Sobre todo, si se tiene en cuenta que en abril el Consell declaró de «interés público» la ampliación del vertedero de Dos Aguas, que es la única finalidad, según el Ejecutivo autonómico, que perseguía la modificación legal. Como tampoco se ha invocado la suspensión de la vigencia de la ley en caso de que Madrid recurra, el Consell tendría la puerta abierta a actuar en el citado vertedero al margen de la solución que pacte con el Gobierno central sobre la ley forestal.

El Ejecutivo de Alberto Fabra coló en la ley de acompañamiento a las cuentas de 2012 la modificación de la ley forestal pero en el trámite parlamentario tuvo que cambiar la redacción tras el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, que formuló una «observación esencial», esto es, de constitucionalidad, sobre el texto inicial, al entender que vulneraba legislación básica estatal. El Gobierno valenciano finalmente adoptó el texto sugerido por el CJC, de forma que la reforma de la ley forestal mantiene las excepciones a la prohibición de recalificar bosques incendiados pero sólo si no implican un «aprovechamiento lucrativo para particulares». Esto es, un «pelotazo» urbanístico. Ya entonces, el Ejecutivo autonómico defendió que la única pretensión de la reforma es acometer la ampliación del Vertedero de Dos Aguas que, con la redacción de la ley estatal de Montes, no es posible.

La ley estatal prevé que las autonomías regulen excepciones al veto de construir pero únicamente si las actuaciones estuvieran previstas en el planeamiento urbanístico o en información pública antes de que se produjera el siniestro, desligando así la recalificación del móvil del pirómano. Por este motivo, el Jurídic, apelando al «espíritu del legislador», abrió la puerta a avalar las excepciones siempre que quedara acotado claramente el tipo de actuaciones que podrán autorizarse y, especialmente, que éstas no podrán implicar un incremento de los beneficios para los particulares.

Un día antes de vencer el plazo

El Consell copió la redacción propuesta por el CJC, que indicaba que «con carácter singular», y en los supuestos de «proyectos de obras e infraestructuras de especial relevancia declarados de interés general de la Comunitat Valenciana», el Consell podrá excepcionar la prohibición de cambio de uso forestal, dentro del plazo general de los 30 años, mediante acuerdo justificado». Y añade: «En ningún caso, la aplicación de la expresada excepción podrá implicar un aumento del aprovechamiento lucrativo para particulares contrario a la finalidad perseguida con la citada prohibición».

Fuentes del Consell avanzaron que en el grupo de trabajo defenderán que se asumió íntegramente la solución del Jurídic Consultiu, de forma que las actuaciones que se acometan «no podrán esconder, en ningún caso, aprovechamientos lucrativos». Curiosamente, el acuerdo que mantiene vivo un posible recurso de inconstitucionalidad se adoptó «in extremis» el 26 de marzo, un día antes de que expirara el plazo de tres meses para recurrir, ya que la ley de acompañamiento se publicó en el 28 de diciembre.

La oposición teme una argucia para legitimar la ampliación del vertedero de Dos Aguas

La oposición en las Corts consideró ayer que la decisión del Gobierno esconde en realidad una «artimaña burocrática», en palabras del portavoz de Medio Ambiente de Compromís, Juan Ponce, para que el Consell pueda legalizar la ampliación del vertedero de Dos Aguas, que afecta a terrenos afectados en su día por incendios forestales. Y ello porque la vía negociada amplía de 3 a 9 meses el plazo del Gobierno para recurrir en el Constitucional. Ese plazo finalizaba a finales de marzo. En abril, recordó Ponce, el Consell declaró de «interés general» la actuación en el vertedero de Dos Aguas. En contra de lo que prevé la ley del Tribunal Constitucional, el acuerdo no hace mención a la suspensión de la vigencia de la ley impugnada en caso de que el Gobierno recurra. «Es una cortina de humo para legitimar la normativa autonómica que permite la especulación en suelo forestal», censuró.

También el socialista Francesc Signes advirtió con la vía elegida el Gobierno de Rajoy «compadrea» con el de Fabra pese a la «evidente inconstitucionalidad» de la reforma forestal, de manera que «se logra ampliar el plazo» para «solucionar el embrollo en que se ha metido el Consell para salvar la ampliación del vertedero de Dos Aguas». Signes va más allá y expresa su temor de que el PP estatal no acabe cambiando la ley de Montes para salvar al Consell. j. g. g. valencia