La apertura de juicio oral contra el diputado autonómico por Alicante y exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo evidencia el conflicto que tiene el presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra, en su grupo parlamentario. Aunque Hernández Mateo era uno de los siete imputados con escaño en las Corts, la certeza de que se sentará en el banquillo hace saltar por los aires la doctrina de Fabra contra la corrupción. De ahí que en el PP regional se valorara ayer noche tomar medidas ejemplares contra el ex alcalde de Torrevieja, a diferencia con los imputados en Gürtel con los que la consigna es defender su inocencia y no pedirles ni el acta ni abrirles expedientes disciplinarios. El exalcalde podría presentar su dimisión como diputado en las próximas horas o bien pasar al grupo mixto si finalmente el PP le suspende de militancia.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) abrió ayer juicio oral contra el exalcalde de Torrevieja y diputado autonómico del PP, Pedro Ángel Hernández Mateo, por los supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental al adjudicar el contrato de basuras de la ciudad en 2004. El auto del magistrado instructor Juan Climent también requiere al exalcalde popular que aporte una fianza de 56.000 euros para asegurar la posible responsabilidad civil. La causa se inició en enero 2007 a raíz de la denuncia presentada por Los Verdes de Torrevieja ante las presuntas ilegalidades en la adjudicación de la recogida de residuos sólidos, transporte a vertedero, limpieza viaria y mantenimiento de la costa del término municipal.

Entre las supuestas irregularidades, se acusó al exalcalde de contratar ilícitamente un informe externo para avalar la contratación ilegal de la recogida de basuras. Aunque en un principio la causa fue llevada por el Juzgado de Instrucción número 4 de la localidad, en 2011 éste se inhibió a favor del TSJCV por la condición de aforado de Hernández Mateo, al ser diputado en las Corts. El exalcalde será juzgado en la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, una vez que éste se ha declarado competente.

El fiscal pide para Hernández Mateo tres años de prisión por el delito de falsedad documental e inhabilitación por el mismo periodo para el ejercicio de derecho de sufragio pasivo, así como veinte meses de multa con una cuota diaria de 50 euros y la inhabilitación para cargos públicos.