Apenas 24 horas después de hacerse pública la sentencia que anula las adjudicaciones de TDT que hizo el Consell, algunos de los empresarios que se sienten perjudicados y representantes de asociaciones del sector explicaron a este diario que irán a los tribunales para reclamar a la Generalitat el pago de indemnizaciones y que se les devuelvan las multas impuestas por emitir ilegalmente.
En este sentido se expresó el presidente de la Federación Valenciana de Televisiones Locales (Fevatel), Alejandro Rodríguez, dueño de Televisión de Benidorm. Rodríguez criticó duramente al exconseller Esteban González Pons, firmante de la resolución, quien «debería pagar de su bolsillo todo el daño que ha hecho al sector». El representante de Fevatel recordó las acusaciones que formuló en su día cuando aseguró que una persona próxima al constructor José Luis Ulibarri hizo ofertas a varios empresarios del sector para que le vendieran sus televisiones porque, de lo contrario, «os las comeréis con patatas», porque no resultarían concesionarias, explica Rodríguez. Mediamed, la firma presidida por Ulibarri, obtuvo licencia en 13 de las 14 demarcaciones.
Antes de resolverse las adjudicaciones (30 de enero de 2006), en la Comunitat Valenciana emitían 122 canales locales. Sólo una parte de ellos habían sido homologados por la ley de 1995. Pero fue a partir de entonces cuando las emisoras locales y comarcales proliferaron como setas. Tras la concesión de las licencias, el Consell dio seis meses de plazo para el cese de emisiones de canales ilegales, cuando no cerraron por el efecto de las TDT.
El empresario José Antonio Marzá, propietario de varias TDT ilegales en Castelló y presidente de la Asociación de Televisiones Locales de Proximidad, también anunció que reclamará a la Generalitat una indemnización por daños y perjuicios. Marzá es titular de media docena de televisiones locales y de la empresa Gestión de Redes Digitales, que se encargaba de transportar y difundir la señal de otros canales a través de sus antenas emplazadas en el monte Bartolo.
Sanciones por más de un millón
Marzá optó sin éxito al concurso de las TDT de 2005 y siguió emitiendo sin licencia, lo que le valió varias sanciones por más de un millón de euros, asegura. La Asociación de Televisiones Locales de Proximidad, que ahora engloba a una docena de canales, fue fundada precisamente por las cadenas que se quedaron fuera del reparto de las TDT. «Han arruinado al sector audiovisual valenciano y vamos a reclamar por el grave perjuicio», aseveró. También pedirá una cancelación de multas «porque el Supremo ha anulado el proceso; por lo tanto, no somos ilegales y no se nos puede sancionar». Otro empresario que se quedó sin licencia fue Luis Bernal, propietario de TV Benicàssim, ya clausurada. Dijo que recurrirá las multas de la Generalitat, «que suman 101.000 euros».
El mapa de las TDT es desolador. Casi la mitad de las licencias otorgadas ni siquiera han servido para poner en marcha los proyectos. Desde la Generalitat señalan que, por ejemplo la mitad de las 13 TDT de Ulibarri no se han puesto en marcha, mientras que Canal 37TV cerró en la Marina Alta y Alicante. Fuentes del sector destacan que prácticamente la mitad de las TDT no está emitiendo. En demarcaciones como Els Ports, Benidorm o en Orihuela/Torrevieja, dos de cada tres no funcionan. Y muchas de las que emiten incumplen el pliego de condiciones de la adjudicación por no respetar la cuota de programación local, ni la de valenciano o por ofrecer tarot y teletienda 24 horas.
El vicepresidente José Císcar dijo ayer que la voluntad del Consell «es resolver la situación en el menor tiempo posible, poder dar la mejor solución posible».
