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El atajo para abrir un negocio o establecimiento ideado por el Consell con el fin de contribuir a "reactivar" la economía -a través de los llamados Organismos de Certificación Administrativa (OCA)- tendrá severas repercusiones para los ciudadanos. Denunciar en los tribunales las molestias provocadas por un bar o discoteca saldrá más caro a los vecinos, que ya no podrán acudir a la vía contencioso administrativo, mientras queda en el aire, en caso de siniestro, quién se hará cargo de las indemnizaciones cuando éstas superen el seguro de responsabilidad civil o simplemente el OCA que certificó la apertura del local ya no existe. La norma suprime de un plumazo el periodo de información pública que garantiza la participación de los ciudadanos antes de dar la luz verde a la puesta en marcha de una actividad.

Lo advirtió ayer en rueda de prensa el portavoz adjunto socialista en las Corts, Rafael Rubio, quien emplazó el Consell a modificar la regulación -tramitada ahora como proyecto de ley después de su aprobación como decreto ley en junio-para "salvaguardar los derechos" de los ciudadanos. Según explicó, hasta ahora, si alguien quería abrir un local tenía que pedir la licencia de apertura al ayuntamiento, que tiene un plazo para inspeccionar. Con los OCA, se podrá acudir directamente a éstos para obtener un certificado y entregarlo al consistorio. El solicitante se responsabiliza del cumplimiento de las normas. El cambio conlleva la eliminación del periodo de información pública y, especialmente, al no haber acto administrativo, el "cierre de la vía del contencioso administrativo si se denuncia". Tendrán que ir por lo civil, que es "más caro y, si pierden, pagar las costas".

No se exigen mediciones de ruido

Al respecto, Rubio enfatizó que, en locales instalados en zonas residenciales, ya no se exigen mediciones de ruido para los establecimiento que ahora lo precisan. El vecino podrá denunciar al ayuntamiento pero si quiere ir más allá, el camino se le complica. Más graves pueden ser las consecuencias en caso de siniestro. No será extraño que la Administración se desentienda. El diputado del PSPV también criticó que el nuevo sistema le resultará también más caro al emprendedor ya que no se han regulado las tarifas mientras ahora las tasas que debe abonar son públicas. También censuró que se impongan límites (un mínimo de años de experiencia) a los profesionales que quieren montar un OCA.