Cinco meses después de que el Consell anunciara un nuevo y revolucionario modelo de gestión público-privada para abaratar los costes la sanidad valenciana, el sistema que verá la luz esta próxima semana se ha alejado bastante de lo previsto.
La intención inicial era agrupar en un contrato todos los servicios no asistenciales, más algunos asistencias y la gestión de la prestación farmacéutica para que un sólo operador privado se ocupase de ello en todos los hospitales de la red pública. A cambio de la adjudicación por diez años, el gestor privado tendría que abonar un canon anual de 180 millones, y pagaría dos años por anticipado (360) para aliviar la maltrecha caja de la Generalitat y cumplir el objetivo del 1,5 % de déficit.
Tras un verano de reuniones y desencuentros con gestores sanitarios privados, bancos y la Abogacía de la Generalitat por problemas legales, se espera que el presidente Fabra apunte las claves del modelo en el Debate de Política General del martes.
Y llegados a este punto, la negativa de los gestores sanitarios privados a acometer tal inversión —y de las financieras a prestarlo— ha hecho que, salvo sorpresa de última hora, el canon por anticipado se caiga de la fórmula. Y es que todo indica que la gestión de la prestación farmacéutica así como otros servicios asistenciales no entrarán finalmente en el contrato. De confirmarse este punto, es bastante inviable que cualquier operador de la sanidad privada se interese en el negocio, apuntan desde el sector.
Llíria, ¿modelo Alzira?
Sin esa entrada de 360 millones, los planes del Consell para cumplir con el déficit se vienen abajo. Entre las alternativas que se estudian, figura la de introducir el paralizado hospital de Llíria en el modelo Alzira de gestión privada como vía para recuperar parte de la inversión.
De un modo u otro, todo indica que el modelo de privatización de Fabra se limitará a un contrato de servicios generales en los hospitales (mantenimiento, cocina, lavandería, seguridad...). Aunque algunas fuentes conocedores del proceso apuntan que como complemento se realizarán una especie de «contratos sectoriales», para prestar servicios como la logística o la diálisis (que en buena parte ya está sujeto al sector privado). De algún modo, el sistema resultante será muy parecido al de colaboración público-privado llamado PFI que Esperanza Aguirre desarrolló en Madrid. Una versión «ligera» de lo que se pretendía hacer en un primer momento, señalan.
En cuanto al proceso de adjudicación del contrato, el complejo «diálogo competitivo» con que se preveía negociar con las empresas interesadas, ha dejado paso a un modelo corriente de contrato de servicios, con procedimiento abierto y de concurso.
En cualquier caso, como ayer recordó el conseller de Sanidad, Luis Rosado, esta semana se conocerá «toda la información».
