Muchos de los 39 trabajadores de la aVM son antiguos trabajadores del Consorci Valencià de Transport (CVT) reconvertidos de conductores de autobús en agentes de control, auxiliares de atención al usuario o técnicos en transporte. Ya sobrevivieron a otro ERE en el año 2000 y ahora, tras la aprobación de la Ley de Movilidad que convertía la aVM en agencia autonómica confiaban en que la continuidad de la agencia estaba más que justificada y garantizada. «Además, somos una empresa rentable, sin deudas y que hemos resuelto todos los problemas de transporte que han surgido». De la aVM surgió la solución para suplir la retirada de los autobuses de la EMT de Mislata o de Vinalesa, el servicio al Hospital Doctor Moliner que se quería suprimir, la tarjeta oro que los jubilados de las pedanías de Valencia no tenían o el Metrorbital que surgió de la nada y ahorró «los tres millones de euros que pedía la EMT por ofrecer un servicio al hospital».
Los trabajadores de la aVM han iniciado una campaña de recogida de firmas en la red, «No al cierre de la aVM», contra «esta decisión política que preteden despedir a 31 de los 39 trabajadores de la agencia». Los empleados quieren evitar que se renuncie a «once años de trabajo y a la experiencia de 38 trabajadores, expertos y con muchos años de experiencia, que «hemos trabajado sin medios, sin inversiones, con bajos salarios para mejorar sectores tan abandonados como los del taxi y los autobuses metropolitanos». Además, advierten, «no está claro quién y de qué modo se encargará de ejecutar el trabajo que realizamos ahora, por lo que el usuario se resentirá».
