El Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, desmontó ayer en las Corts la tesis del Consell para justificar la no personación de la Generalitat por la vía penal en el caso Nóos, que investiga un juzgado de Palma para determinar si el instituto que dirigió Iñaki Urdangarin obtuvo ilícitamente unos 4 millones por los contratos suscritos con el Ejecutivo de Francisco Camps y con la Fundación Turismo Valencia, dependiente del consistorio de Rita Barberá. El vicepresidente, José Císcar, ha repetido que el Consell ha acudido solo a la vía civil porque los convenios con Nóos eran "administrativamente correctos". Pero ayer el Síndic tumbó esta coartada. Vicente, quien compareció para informar sobre la auditoría a la Generalitat en 2011, señaló que en estos acuerdos el Consell incurrió en una "irregularidad administrativa", toda vez que los expedientes están "administrativamente incompletos".
En medio de la avalancha de casos de corrupción en los juzgados, el auditor recibió severos reproches de la oposición por no haber detectado nunca indicios de responsabilidad contable en los gestores. El Síndic se defendió alegando que ese es un concepto "jurídicamente difícil de definir" y la competencia para determinarla está en el Tribunal de Cuentas, pero que ello no quiere decir que en sus informes no haya señalado las "irregularidades". Y entró en materia: "Sobre los casos de corrupción", dijo, le han "preocupado siempre", y como ejemplo puso el Valencia Summit, el foro sobre eventos deportivos que organizó Nóos entre 2004 y 2006. Explicó que en la auditoría de 2004 se reflejaron unas "incidencias" que se reiteraron en 2005 y 2006, y que resumió: "No se justifica la necesidad del gasto, no se justifica el precio y no se justifica la excepcionalidad por no ir a un procedimiento abierto".
Las cuentas del IVF
"¿De ahí se deriva responsabilidad contable? Para nosotros, es un expediente administrativo incompleto. Lo califico de una irregularidad administrativa", aseveró. A su juicio, "el paso siguiente" es que el juez, "que para eso está", "ha empezado a determinar si hay responsabilidad penal". Desveló que el Tribunal de Cuentas "abrió unas diligencias que luego aplazó al actuar la jurisdicción penal". Como reveló ayer, ha remitido a varios juzgados de Valencia y de Palma informes de fiscalización relacionados, entre otros, con los casos Gürtel y Nóos, que incluyen documentación sobre la contabilidad electoral del PPCV. Vicente Queralt detalló que en 2013 ha enviado a los jueces "varios contratos", así como expedientes de contratación de Vaersa (posiblemente, por Gürtel). En junio de 2012 remitió informes sobre la Agencia Valenciana de Turismo. Antes, el 23 de mayo, sobre la Ciudad de las Artes y las Ciencias, por Nóos, y el 19 de abril, papeles relativos a la contabilidad electoral del PP, que también se le pidió en 2011. Un juzgado de Valencia le requirió el informe sobre las contabilidades electorales de los partidos en las elecciones. Aunque no aclaró sobre qué asunto, ha dado traslado también de las cuentas del Instituto de Finanzas.
Ignacio Blanco, de EU, consideró que la Sindicatura ha "fracasado" al no lograr evitar que se repitan las irregularidades y enfatizó que "nunca en sus 34 informes haya visto responsabilidad contable". Mireia Mollà, de Compromís, criticó que el auditor hable de "debilidades" en las depuradores cuando en Emarsa "lo que ha habido es un saqueo, un robo". Y el socialista Julián López le preguntó: "¿Qué garantías nos ofrecen los controles del Síndic?". Por contra, el popular Ricardo Costa destacó la "transparencia" del Consell al someterse a estas auditorías.
"Si quieren que auditemos las Corts, nos lo tendrían que decir; así de sencillo"
La pelota, en el tejado de las Corts. La diputada de Compromís Mireia Mollà le reprochó al Síndic por qué no ha hecho nunca una fiscalización de los gastos del Parlamento, tal como le obliga la ley. Rafael Vicente defendió que, desde que él está en el cargo, ha realizado una "revisión formal", que consiste en "revisar que la cuenta ha sido aprobada por el órgano competente y tiene los documentos que tiene que tener". "Si quisieran que hiciéramos algo más, nos lo tendrían que pedir, así de sencillo", zanjó.
El Síndic aprovechó su comparecencia para trasladar su "lamento", no exento de reproche a la Cámara, porque no le ha gustado, dijo, la modificación de la ley de Presupuestos que permite a la Conselleria de Hacienda controlar las instituciones de la Generalitat en materia de personal. Para el Síndic, es una "paradoja" que el organismo auditor deba "solicitar autorización", para cualquier modificación del régimen de su propio personal, al "órgano que le rinde cuentas". Es "un sinsentido". Y deslizó que no entiende por qué se ha exceptuado de este control a las Corts.
