La ex gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, delegó ayer en sus subordinados la responsabilidad de las adjudicaciones de los contratos cuyo supuesto amaño investiga el juzgado de instrucción número 8 de Valencia. Gracia acudió ayer a declarar a la Ciudad de la Justicia imputada por los delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental, y por supuesta vulneración de la Ley de Contratos al adjudicar los servicios de seguridad de la empresa y y una consultoría de comunicación. La ex gerente aseguró "no tener ni idea" de los detalles de las contrataciones ya que eran los distintos departamentos de FGV (Seguridad y Comunicación) los que se encargaban de los detalles, según explicaron fuentes jurídicas a Levante-EMV.
Gracia también negó haber beneficiado, durante su etapa al frente de FGV, a las empresas, Med Seguridad, Prosegur y H&M Sanchis (que lograron en conjunto contratos por valor de casi 18 millones de euros) y sostiene que no cometió ninguna irregularidad y que actuó bajo la legalidad, según informó ayer Europa Press.
La declaración de Marisa Gracia se prolongó durante hora y media y, al final de su comparecencia, llegó a mantener una especie de "careo" con el ex director económico de FGV, Jesús Cerverón, afectado por el ERE en FGV.
Al finalizar, Gracia fue autorizada a abandonar el juzgado por la zona interior del edificio judicial, reservada a funcionarios o a los presos, para evitar a los periodistas. Incluso, al salir por la puerta de atrás, su acompañante dio un manotazo al cámara de Levante-EMV para evitar las fotografías.
El diputado socialista en las Corts, Francesc Signes, advirtió ayer que la declaración de Marisa Gracia en los juzgados "es una demostración más de que existen evidentes claroscuros en el accidente de metro, que el PP intenta ocultar a toda costa".
