Los promotores que recuperen zonas urbanas degradadas o barrios de "infraviviendas" estarán exentos de las compensaciones urbanísticas legales (como cesiones de suelo o zonas verdes y equipamientos) si se embarcan en la tarea de renovar estas áreas. Se trata de una de las novedades que el Ministerio de Fomento va a incluir en la nueva Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, conocida como la ley de las tres "R", que tramita el Congreso por la vía de urgencia y que "podría entrar en vigor este verano", según explicó ayer en Valencia Pilar Martínez López, directora general de Arquitectura, Vivienda y Suelo del ministerio. Martínez López inauguró junto a la consellera de Territorio, Isabel Bonig, las jornadas "Urbanismo: nuevas perspectivas para nuevos escenarios", que continúan hoy.
En el Ministerio de Fomento han detectado que algunas de las cargas urbanísticas previstas en la Ley del Suelo de 2007 (refundida en 2008) "son inviables para la rehabilitación, como las cesiones de suelo a cambio de plusvalías, las cesiones para zonas verdes o equipamientos y las plusvalías para VPO". De ahí que hayan cambiado la ley para que "no todos los aumentos de edificabilidad o densidad, o cambio de uso ligado a una rehabilitación" estarán sujetos a plusvalías, explicó la directora general de Arquitectura.
El Ministerio de Fomento también incluye en la ley de las tres "R" el permiso para realizar "cerramientos de terrazas y balcones para garantizar un 30% más de eficiencia energética en las viviendas", previa autorización administrativa, así como la instalación de ascensores o medios que garanticen la accesibilidad de los edificios. En estas mejoras se permitirá la "ocupación de espacios de dominio público (municipal o de otras administraciones, previa autorización) o superficies de espacios libres si técnicamente no hay otra opción". El nuevo Plan de Vivienda de Fomento también fomentará el alquiler, en lugar de la compra. Y la consellera Isabel Bonig también defendió los "incentivos fiscales o desgravaciones" para fomentar la rehabilitación, antes que dar más ayudas. "La prioridad es pagar las ayudas concedidas y no pagadas".
Un magistrado del TSJ asegura que el Supremo ha dictado sentencias "inconstitucionales"
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJCV), Edilberto Narbón, arremetió ayer duramente contra las sentencias del Supremo que han tumbado las "tesis valencianas" de 2007 a 2011 sobre los informes de disponibilidad de agua en la aprobación de PAI (programas de actuación integrada). "Me extraña que no se plantee ningún recurso de inconstitucionalidad", dijo porque en estas sentencias existe una "triple inconstitucionalidad: se incumple el artículo 148.1.3 de la Constitución, el 49.1.9 del Estatut d'Autonomia y también es inconstitucional exigir que el silencio de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sea negativo". A juicio de Narbón la polémica sobre la disponibilidad de recursos hídricos es "un problema artificial no resuelto". El magistrado del TSJ defiende que el informe sobre disponibilidad de agua de la CHJ "ni es preceptivo, ni es vinculante, por más que lo digan cincuenta sentencias del Supremo". El criterio de Narbón, que influyó en las sentencias del TSJ durante cuatro años, dejó de aplicarse a partir de 2011 y ahora también se considera que los informes de la CHJ son "determinantes y materialmente vinculantes", aunque el magistrado Narbón sigue emitiendo votos particulares al respecto. El magistrado también criticó al Supremo por otras sentencias sobre el Plan General de Castelló, Nou Mil·lenni o la figura del agente urbanizador. l. b. valencia
