Begoña Campaña, una asistente técnico de la Conselleria de Solidaridad, explicó a la juez que las irregularidades comenzaron en el año 2008 con la llegada de Rafael Blasco. Begoña Campaña fue la tutora de Victoria Vila, una becaria encargada de revisar sobre el terreno la ejecución de los dos proyectos que finalmente se le adjudicaron a Cyes en Nicaragua. Según recoge el escrito de acusación de la Generalitat, Victoria Vila "remitió sendos informes a su tutora en los que concluía que solo había llegado a Nicaragua 50.000 dólares, siendo suficiente para la ejecución de los proyectos e ignorando en qué se había invertido el resto de las subvenciones". El fiscal añade que Marc Llinares (el funcionario de la Generalitat que se abrió una cuenta en Miami) ya conocía este dato.
La abogacía de la Generalitat lamenta que el fraude con las ayudas no se habría producido "si el departamento administrativo competente hubiera accionado los mecanismos oportunos para el control de los caudales públicos. Acciones y omisiones de funcionarios y cargos públicos que favorecen, contribuyen, conocen consienten y no impiden el resultado. Solo un importe de apenas el 3% de las subvenciones, 43.000 euros llega a Nicaragua en 2008".
La abogada de la Generalitat que firma la acusación apunta que el funcionario Marc Llinares "coopera en la sustracción de caudales públicos dando por buenas las facturas presentadas sin actuar a pesar de su conocimiento sobre las irregularidades cometidas". El fiscal advierte de que la conselleria no hizo nada a pesar de que la propia Fundación Cyes declaró que pagó con las subvenciones los cuatro inmuebles de Valencia, "incluida una plaza de garaje que nada tenía que ver con el suministro de agua en Nicaragua". r. f./s. p.valencia
