El Consell atribuyó ayer a un error una factura de teléfono móvil por valor de 7.537,99 euros a nombre de la Abogada General de la Generalitat, Cristina Macias. La astronómica cifra, correspondiente a la facturación del mes de junio de la alto cargo de Presidencia, fue aireada ayer en rueda de prensa por la Asociación contra la Corrupción, la entidad que saltó a primera plana de los diarios antes de verano por sus denuncias contra el presidente Alberto Fabra, y el conseller de Gobernación, Serafín Castellano. Desde el inicio, Presidencia de la Generalitat ha visto en esta asociación oscuros intereses.

En un comparecencia ante los medios, el presidente de la asociación, Enrique Soriano, acompañado de otros miembros del colectivo que hasta ahora no habían dado la cara, como Antonio Hinojo y Sivia Neukova, exigió explicaciones al entender que la factura refleja "no sólo una clara malversación de fondos públicos sino también un claro ejemplo de irresponsabilidad y una falta de respeto".

Soriano, que aseguró que tenía la factura en su poder, aunque no la mostró ante los periodistas, calificó de "barbaridad" que Macías haya "gastado en un mes más de lo que percibe un parado en un año" y exigió la devolución del dinero. La noticia cayó como una bomba en Presidencia. Algunas fuentes hicieron notar el hecho de que Macias es una persona clave en la Administración, ya que, entre otras casos, ha supervisado la personación en el caso Cooperación, en el que la Generalitat pide al exconseller Rafael Blasco once años de prisión.

Un par de horas después de la denuncia pública, fuentes de Presidencia reconocieron la existencia de la factura, aunque mantuvieron que se trataba de un error al facturar la tarifa de datos. Las mismas fuentes indicaron que la compañía había reconocido el fallo y que se subsanaría. Fuentes cercanas a Cristina Macías añadieron que el problema se produjo porque la compañía no aplicó a la secretaria autonómica de Presidencia los bonos de descuentos que tienen los altos cargos para poder conectarse a internet cuando viajan al extranjero, aunque aseguraron que la alto cargo no había sido advertida del desfase en su factura de junio. Las mismas fuentes recordaron que entonces Macías tenía a su cargo el área de Relaciones con el exterior y la Unión Europea. Desde la dirección general de Tecnologías de la Información, departamento que gestiona la red corporativa, precisaron que al ser una factura "errónea, no supone lógicamente gasto alguno para la Generalitat ni para las arcas públicas". Con todo, no queda claro el por qué no saltaron las alarmas ni nadie avisó de la elevada factura en un momento de fuertes restricciones en los gastos.

Según la versión de la asociación, el gasto telefónico por más de 7.500 euros se corresponden con llamadas, en su mayoría, realizadas fuera de España y a distintos números de teléfono. "Las realizó porque no es su dinero y nadie le controla ni dice nada, así que lo que hace es llamar a su antojo", aseguró Soriano. Además, admitió que la nueva estrategia de la entidad pasa por airear este tipo de cuestiones, que aunque no sean ilegales, si merecen una reprobación moral. "Hemos sido demasiado legales", afirmó Soriano, que se quejó de los carpetazos que la fiscalía y el TSJ CV han dado a sus denuncias. Además, anunciaron que han llevado a los juzgados de instrucción la denuncia contra Castellano por el caso Taroncher y harán lo propio con la promovida contra Fabra. Anunciaron, además, un octubre "calentito" con nuevas denuncias.