Al exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, le crecen los enanos. A pocos días de conocer la sentencia de la primera pieza por el caso Cooperación y con una segunda causa en la que le acusan de otros tantos delitos, la Fiscalía Anticorrupción estudia ahora los pormenores de la reforma que el político se hizo en su hacienda de la Barraca d'Aigües Vives y que convirtió una casa de campo del siglo XIX en una vivienda reformada, un chalé y una mansión de más de 450 metros cuadrados con pista de tenis y piscina. La documentación de las obras la ha entregado la diputada de Esquerra Unida, Marina Albiol, que además aporta el expediente de una adjudicación de Blasco en diciembre de 2005 a la empresa Franjuán, la misma que realizó las obras en la propiedad del político entre 2004 y 2006.
Como reveló en exclusiva Levante-EMV, durante su etapa como conseller de Territorio (2003-2006), Rafael Blasco acometió una reforma en su hacienda de la Barraca d'Aigües Vives, en Alzira. Lo que fue una casa de campo en un naranjal acabó con la casa antigua reformada, una mansión de 450 metros cuadrados y un chalé de 165 para su hijo. La vivienda grande se construyó sobre una antigua balsa de riego para aprovechar el agujero y tener una planta más de edificabilidad, ya que las propiedades se encuentran en suelo no urbanizable.
La empresa que ejecutó las obras fue Conzibe Espacios, una filial de la empresa Franjuán a la que el Instituto Valenciano de la Vivienda que presidía Blasco le adjudicó un contrato de 33 millones de euros en UTE para edificar una torre de viviendas en Sociópolis.
La diputada de Esquerra Unida ha entregado abundante documentación a los fiscales, entre ellos los informes técnicos y la resolución de la adjudicación firmada por Rafael Blasco el 9 de noviembre de 2005, en el mismo momento en que Franjuán realizaba las obras. La documentación de la diputada incluye también información sobre el patrimonio del exconseller, que dijo tener ahora menos patrimonio que cuando entró en política, y la declaración de bienes de su esposa, la directora del IVAM, Consuelo Císcar. Toda la documentación está sellada y, según ha podido saber este periódico, ya ha sido estudiada.
No es el único frente que tiene abierto la fiscalía sobre la gestión de Blasco. Los fiscales del TSJ han abierto otra investigación al exconseller por un supuesto delito de alzamiento de bienes. El ministerio público decidió iniciar las pesquisas tras detectar el Tribunal de Cuentas que Blasco presuntamente traspasó poco antes del embargo por el caso Cooperación un local de 30 metros cuadrados que todavía tenía en Alzira con su primera mujer y dos de sus excuñados, según publicó este periódico. Además, los fiscales Vicente Torres y Jesús Carrasco indagan en los contratos que dio cuando fue conseller de Sanidad.
