La Abogacía de la Generalitat «ya está estudiando» la situación de los cuatro funcionarios condenados por el TSJ en el caso Cooperación a penas de inhabilitación y,en tres de ellos, también de cárcel, Marc Llinares, Tina Sanjuán, Xavier Llopis y Josep Maria Felip (quien ocupaba el puesto de director general de Cooperación). Lo admitió ayer en las Corts el secretario autonómico de Administración Pública, Pedro García Ribot, quien compareció para informar sobre el expediente de contratación de un «coach« en liderazgo político para el presidente Fabra. El portavoz adjunto del PSPV Rafael Rubio aprovechó la cita para sacar a colación este asunto, dado que el alto cargo es «responsable» de los funcionarios y de la Inspección de Servicios. Rubio lo instó a «aclarar qué van a hacer» con estos empleados, ya que, aunque la condena no es firme y «tienen todo el derecho a seguir ejerciendo en la Administración», desde sus plazas actualmente «visan documentos bastante serios». Además, de la lectura de la sentencia, añadió, se aprecia que «sin la connivencia funcionarial difícilmente habría sido posible» el caso.
Según detalló Rubio, Marc Llinares, condenado a 4 años de cárcel y 11 de inhabilitación, está actualmente en el Servicio de Administración Electrónica de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, en el Complejo 9 d'Octubre, mientras que Tina Sanjuán, condenada a 7 años de prisión y 17 de inhabilitación, se encuentra en el Servicio de Apoyo Técnico de la Conselleria de Educación. No obstante, en el directorio de personal del Consell aparece en el Servicio de Gestión Patrimonial de Educación. Además, según el PSPV, Llopis tres de cárcel y dos de inhabilitación figura en el Servicio de Publicaciones de la Conselleria de Presidencia y Felip (solo 7 años de inhabilitación), en la dirección general de Internacionalización.
«Un currículum excelente»
«¿Qué piensa hacer con ellos?», le preguntó Rubio repetidamente, sin que García Ribot lo aclarara. Éste tan solo apuntó: «La Abogacía de la Generalitat ya está estudiando la cuestión». Para el socialista, Ribot está «contaminado», y le recordó una grabación que salió a relucir en el caso Cooperación entre el secretario autonómico y Llinares. En ella, Ribot le trasladaba que, a instancias del exconseller Rafael Blasco condenado a 8 años de cárcel, «había tenido que reestructurar una dirección general» de la propia conselleria de Hacienda para que Llinares «tuviese acomodo y no perdiese poder adquisitivo». Rubio leyó la conversación íntegra. El secretario autonómico no ocultó la indignación por «intentar mezclarle» en este asunto cuando, dijo, en el momento que se le nombró para una plaza de libre designación, Llinares «no estaba imputado en nada».
«Fue cesado en esa plaza en el momento en que supimos que fue imputado», recalcó Ribot, quien señaló que se trataba de «un funcionario de carrera del que yo tenía su currículum, un currículum excelente sobre el papel». Ribot no le contestó en su última intervención. Sobre el «coach», reiteró que se aprobó la contratación porque la Administración no tenía medios propios y la oposición le pidió explicaciones sobre por qué en el expediente no está motivada la necesidad de ese servicio.
Por otro lado, en la junta de portavoces el PP vetó que se incluya en el pleno de las Corts de la próxima semana una propuesta de EU de reprobación de Blasco alegando que el asunto «está sub iudice». Es el argumento que esgrimía el PP cuando no había sentencia, aunque ésta no es firme, como defendió que el expresidente Camps la semana pasada. EU acusó al PP de «proteger» a Blasco como la «mafia».
