La Fiscalía de Valencia ha abierto diligencias penales de investigación sobre el gasto supuestamente irregular de cerca de 1.800 millones de euros por parte de la Conselleria de Sanidad, que había sido denunciado por el sindicato CGT con base en informes de la Sindicatura de Comptes desde 2008. La investigación se centra, según la denuncia presentada por este sindicato, en el abono de las conocidas como «facturas en los cajones» mediante el mecanismo extraordinario de pagos habilitado por el Gobierno pero sin consignación presupuestaria y «vulnerando las normas de contratación», ya que, al parecer, el objeto de los contratos no se sometió a licitación pública. En la notificación redactada y firmada por la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Valencia, Teresa Gisbert, se indica que la fiscalía que ella dirige «ha incoado las diligencias de investigación penal» y «designado fiscal instructor» que investigue estas supuestas irregularidades.

La decisión de la fiscalía respalda, por el momento, la denuncia de la CGT, que entiende que este tipo de gestión «ha provocado un grave quebranto a la Hacienda pública al pagar facturas «a escondidas» y sin consignación durante años. El sindicato también denuncia compras por el mismo objeto y al mismo proveedor, tanto en Sanidad como en otros departamentos, en las que se habría superado supuestamente en importe de los contratos menores. Por último, se investiga la ampliación del contrato de gestión del departamento de salud Horta-Manises para la asignación al concesionario de la asistencia integral de la población de Mislata.

El gasto supuestamente irregular en el que habría incurrido la Conselleria de Sanidad asciende a 1.748,7 millones de euros, si bien la totalidad de facturas denunciadas suma 1.864,3 millones de euros.

Aunque ayer la Conselleria de Sanidad no quiso pronunciarse sobre la decisión de la Fiscalía, el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, arguyó a finales del año pasado que esos 1.748 millones de euros gastados sin dotación presupuestaria tenían su origen en la falta de financiación de la Comunitat Valenciana. Ese gasto, añadió, fue necesario abordarlo para «poder seguir dando la sanidad a los valencianos por encima del presupuesto», y se tuvo que regularizar a través del sistema mixto establecido entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para «poner al día esta situación».