El pleno de Benicarló ha aprobado reclamar a la empresa concesionaria de la planta Castor (Escal UGS) que se haga responsable de los gastos de 200.000 euros que se gastarán en promoción turística de los pueblos afectados por los movimientos sísmicos. La moción fue planteada por Compromís y contó con el consenso de todos los grupos municipales en el pleno del jueves por la noche.
La moción partía del anuncio del conseller de Industria, Comercio, Turismo y Ocupación, Máximo Buch, que dijo que la Generalitat invertirá 200.000 euros en acciones enfocadas a promocionar todos aquellos municipios que se vieron afectados por los terremotos de los últimos meses. «Con estas declaraciones se está reconociendo el impacto negativo que la planta Castor y los movimientos sísmicos han provocado sobre el turismo, principalmente en las poblaciones costeras», señaló la secretaria local
de Compromís, Marta Escudero.
Este presupuesto de 200.000 euros iría dirigido a contrarrestar las repercusiones negativas de la planta Castor sobre el sector turístico en la temporada estival en Benicarló, Peñíscola y Vinaròs.
«Evidentemente el trabajo de la Conselleria de Turismo es potenciar y dinamizar al máximo un sector vital cómo es el turismo, invirtiendo el presupuesto necesario para llevar a cabo estas acciones. Pero en este caso concreto no podemos admitir que sea la Generalitat Valenciana, con el dinero de los impuestos de la toda la ciudadanía, la que haga frente a un perjuicio que ha generado una empresa privada, la responsable de la planta Castor», apuntó Escudero. «Ese dinero tiene que llegar a las nuestras poblaciones porque tenemos que hacer frente a la publicidad negativa que nos ha ocasionado la planta, pero es la empresa Escal-UGS, responsable del Castor, la que tiene que pagar, puesto que ha quedado demostrado que es la causante de los terremotos, del riesgo derivado de ellos y de la alarma social generada», concluyó.
Cantidad a abonar a Escal
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, admitió ayer que las cláusulas de la concesión del Castor obligan al Gobierno a aceptar la renuncia de Escal UGS e indemnizarla y que la última sentencia del Tribunal Supremo ni siquiera le deja opción a alegar «lesividad» contra el interés general. «El Ejecutivo declaró la lesividad del Real Decreto y el Supremo lo rechazó, por lo que no hay otra opción que aceptar ese pronunciamiento».
De este modo, el ministro confirmó ayer la existencia de las cláusulas que adelantó el viernes Levante-EMV y admitió que deberá pagar a menos que el Banco Europeo de Inversiones y los bonistas frenen la petición de renuncia de Escal, que quiere escapar del proyecto tras 9 meses de paralización del almacén de gas submarino por la inducción de 540 terremotos en Vinaròs, con magnitudes de hasta 4,2 grados en la escala de Ricthter.
A este respecto, las cláusulas del proyecto Castor también son favorables a la empresa del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ya que el BEI y los inversores sólo podrán rechazar la petición de renuncia si logran un 75 % de las votaciones con un mínimo quorum del 50 % de los inversores. Además, la incertidumbre de cobro ante el cierre provisional indefinido del almacén podría incentivar a los bonistas a dar por buena la maniobra de Escal para recuperar lo invertido.
