Bruselas ampliará la investigación que ha abierto al Consell por haber manipulado supuestamente sus cuentas para maquillar el déficit. Aunque en principio la Unión Europea (UE) tenía previsto centrarse casi en exclusiva en las facturas sanitarias que se metieron en el cajón (aquellas sin consignación presupuestaria) durante los años previos a 2011, el proceso se ampliará finalmente y se investigarán las presuntas irregularidades contables desde 1988, con el socialista Joan Lerma al frente de la Generalitat. Así consta en un escrito que remitió el martes el comisario europeo de Fiscalidad, Unión Aduanera, Auditoría y Lucha contra el Fraude, Algirdas Semeta, a la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundúa.
La parlamentaria del partido de Rosa Díez se interesó en la Eurocámara por la investigación que ha abierto Bruselas y formuló tres preguntas por escrito. La primera, si efectivamente se había abierto un proceso para determinar un posible «maquillaje fiscal» del Consell. La respuesta que le acaba de dar la UE es contundente. «En julio de 2014, la Comisión Europea inició una investigación oficial sobre la posible manipulación de las estadísticas de la Comunitat Valenciana, en la que se examinará si, por causa de unas declaraciones incorrectas de los gastos habidos en esta comunidad autónoma, ya fueran deliberadas o una negligencia grave, se tergiversaron los datos sobre el déficit del Estado español a lo largo de varios años», reza el documento firmado por Semeta.
En segundo lugar, la eurodiputada de UPyD solicitó que se le aclarara «cuáles han sido las motivaciones para iniciar tal proceso de investigación». En su respuesta, Bruselas detalla el por qué: «En mayo de 2012, las autoridades estadísticas nacionales españolas informaron a Eurostat de que el déficit de las Administraciones Públicas correspondiente a 2011 tendría que revisarse al alza en un 0,4 % del PIB respecto a la cifra notificada en el contexto del procedimiento aplicable en caso de déficit excesivo (PDE) unas semanas antes. Esta discordancia se debió, en gran medida, al descubrimiento de gastos no registrados de la Comunitat Valenciana. Además, es probable que se ignoraran informes del Tribunal de Cuentas de la Comunitat Valenciana en los que se ponían de relieve estos problemas».
Este último hecho ha sido clave para que Bruselas haya decidido investigar las facturas en los cajones de la Generalitat desde 1988. De hecho, la Sindicatura de Cuentas lleva advirtiendo desde 1988 en sus informes anuales que la Generalitat reconocía obligaciones al margen de su presupuesto. Ese año, en concreto, fueron 24,5 millones. Y en 2011, el último año de Francisco Camps en el Palau, la cifra se disparó hasta los 3.506,6 millones.
Por último, Pagazaurtundúa preguntó en Bruselas por las partidas concretas que se estaban investigando y las consecuencias que podría acarrear ese presunto falseamiento de las cuentas para maquillar el déficit. Y es ahí, en la respuesta que ofrece Semeta, donde llega la sorpresa. «La investigación se refiere esencialmente a datos estadísticos (gastos sanitarios) que se consignaron en la Comunitat Valenciana en el período 1988-2011», reza el escrito.
