El cierre de Castor costará 1.350 millones que el Gobierno cargará a los consumidores

El Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros el pago de una indemnización de 1.350 millones de euros a Escal UGS tras su renuncia a la concesión del almacén de gas Castor -situado en Vinaròs- y ha dado orden de hibernar las instalaciones ante el riesgo de nuevos terremotos. La factura de este fallido proyecto la pagará Enagás a cargo de las tasas que se cargarán a los usuarios españoles del sistema gasista.

Además, la empresa gestora del sistema gasista español recibirá también compensación económica por mantener la seguridad de las instalaciones (sin inyectar ni extraer gas) a la espera de nuevos estudios que diriman si lo más aconsejable es desmantelar la planta y si puede hacerse en condiciones seguras.

No obstante, el Ministerio de Industria también deja la puerta abierta a una hipotética reapertura del almacén subterráneo si los estudios científicos concluyeran que hay formas de hacerlo evitando la inducción de seísmos.

De uno u otro modo, el equipo de José Manuel Soria y el gabinete de Mariano Rajoy han optado en año preelectoral por la salida de aplazar el problema y delegar la decisión sobre un cierre definitivo en el futuro Gobierno de la próxima legislatura. No en vano, el pago del sistema gasista a Enagás se llevará a cabo a plazos durante 30 años y el primer abono no comenzará hasta 2016, con lo que posible incremento asociado de las tasas de gas sólo se haría efectivo una vez pasadas las elecciones generales a finales de 2015.

Esta fue la resolución que adoptó el ministerio a través de un real decreto-ley que cuanto menos ha cumplido con antelación la obligación legal del Gobierno de indemnizar a la empresa de Florentino Pérez, que según las cláusulas del contrato tenía el derecho a renunciar y recibir una compensación económica por la inversión en cualquier momento del periodo de explotación.

El plazo máximo para efectuar el pago vencía el 30 de noviembre y un retraso por parte del Estado habría situado en una delicada situación a Escal UGS, que corría el riesgo de no poder hacer frente a la devolución de los 1.400 millones aportados por los inversores que financiaron la planta Castor a través de la adquisición de bonos. De este modo, el Gobierno acepta la renuncia de Escal UGS al proyecto Castor y la indemnización solicitada (con una diferencia de 30 millones de euros), lo cual libera a la compañía de Florentino Pérez de la carga que suponía un almacén paralizado desde septiembre de 2013 por haber inducido cerca de 550 terremotos con magnitudes de hasta 4,2 grados en la Escala de Richter. De hecho, las agencias calificadoras ya habían devaluado la valoración de los activos del Castor a la condición de «bono basura», expresión utilizada en la jerga de los mercados para aquellos valores en calificación negativa de vigilancia (BB+).

Agencias como Ficth Ratings ponían en duda la fiabilidad del Gobierno a la hora de asumir la indemnización pactada por contrato con Escal UGS, aunque finalmente el Gobierno sí ha cumplido con la compañía del presidente del Real Madrid. Eso sí, el Gobierno tampoco asumirá los 1.350 millones de euros y se lo cargará a los ciudadanos a través de las tasas del gas.

Escal UGS se deshace así del problema después de haber inducido 550 terremotos y se desentiende de un proyecto que diseñó y puso en marcha asegurando que no había riesgo sísmico pese a las alegaciones vecinales y la advertencia de varios informes científicos. La gestora del sistema gasista español formalizará de forma casi inmediata el pago de los 1.350 millones a Escal UGS y asumirá el mantenimiento de la planta. A este respecto, el Gobierno vendió ayer como un éxito que ahorrará 110 millones de euros al año respecto a lo que hubiera costado la gestión de Escal. Eso sí, aún pagará 100 millones anuales para hibernar un almacén hoy inservible y que podría nunca entrar en funcionamiento.