En estos momentos parte del expediente del Hospital de Haití que investiga la justicia está en paradero desconocido, con lo que eso supone para la instrucción de la causa, ya que pueden haber pruebas de cargo en esos papeles. Desde la Conselleria de Bienestar Social defendieron ayer que la policía se incautó de los papeles que reclama la juez cuando registró la extinta Conselleria de Solidaridad el 23 de febrero de 2012 en la operación que hizo caer a la trama Blasco. Toda la oposición salió ayer en tromba para pedir la comparecencia de la consellera y del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para que aclaren la situación en las Corts.

Llama la atención que el expediente del Hospital de Haití fuera requisado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía nacional, según Bienestar Social, y que la juez no lo tenga. De hecho, todo lo que fue incautado en aquellos registros, incluida la documentación obtenida en los domicilios de los principales imputados, forma parte del sumario. Si la magistrada Nieves Molina, las partes o la fiscalía Anticorrupción tuvieran en su poder esa documentación no hubiera sido necesario pedírselo a la conselleria, que en la actualidad sólo dispone de fotocopias compulsadas que, «por error» dicen en Bienestar Social, se fotocopiaron a una cara. De esta manera, esos papeles no son útiles para el proceso judicial en marcha.

Además, la propia conselleria cuando Jorge Cabré era titular de la misma realizó una investigación interna que fue entregada al propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Estas pesquisas dirigidas por funcionarios públicos concluyeron que la gestión en la época de Rafael Blasco estuvo plagada de irregularidades. ¿Se dieron cuenta en aquella investigación de que parte de los expedientes del hospital de Haití no estaban o estaban a medias?¿O es que no fiscalizaron este proyecto, que ahora se ha convertido en una pieza separada de la causa?

Desde el departamento que dirige Asunción Sáchez Zaplana alegaron que la documentación solicitada por la juez fue requisada de la conselleria, «tal y como consta en la cédula de notificación de ese registro». En el escrito entregado a la juez el pasado 25 de febrero, desde Bienestar Social aseguraban no tener el expediente requerido y se ofrecían a remitirlo «si se encontrase el documento original». No citaron a la policía.

Desde la conselleria recordaron que la Generalitat está personada en la causa y «ha colaborado en todo momento,y lo seguirá haciendo, con los órganos judiciales aportando toda la información requerida». «Es importante destacar que las ayudas derivadas de la orden a la que hace referencia Levante EMV no se encuentran pagadas ni pendientes de pago, al haberse anulado las propuestas (4.000.000 euros)». Pese a no haberse abonado el proyecto, la juez investiga delitos de fraude en subapensiones, prevaricación, malversación y falsedad en la adjudicación del hospital de Haití.

La oposición arremetió con dureza contra la consellera y el Gobierno valenciano, el encargado de la guardia y custodia de los documentos. Una de las dos denunciantes del caso Blasco, la diputada del PSPV Clara Tirado culpabilizó directamente al presidente Alberto Fabra a quien acusó de «seguir colaborando con Blasco». «Blasco continúa mandando en el Gobierno valenciano, su capacidad de influir, se demuestra en casos como las comidas con el secretario autonómico de Comunicación, Lluís Torró, o la posibilidad de hacer desaparecer documentos», explicó. Para Tirado, «Fabra y Blasco son lo mismo porque siguen defendiendo a los suyos». «Fabra es el responsable de la desaparición de esos expedientes, es el responsable de que estos documentos no se custodiaran de manera correcta», aseguró.

La diputada de Compromís, Mireia Mollà, la otra denunciante del caso Blasco, pidió la comparecencia en las Corts de la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, para que aclare en el parlamento el paradero de los documentos. Mollà señaló que «es un escándalo, parece demasiada casualidad el extravío de unos papeles que son clave en la instrucción. Esta pérdida del expediente beneficia claramente la defensa del ex conceller Rafael Blasco». Para Mollà, la comparecencia de Sánchez Zaplana «se puede producir perfectamente en el pleno de marzo». «Ya empezamos con la desaparición de documentos. ¿Cuántos papeles se destruirán o desaparecerá antes de que llegue el nuevo Gobierno?», se preguntó la diputada.

La diputada de EU Esther López Barceló también pidió la comparecencia de la consellera. «¿Cómo puede pasar que las pruebas de una trama corrupta se pierdan? Es exactamente lo mismo que ha pasado con el borrado del disco duro de Luis Bárcenas, el tesorero del PP», denunció.