La sección territorial de Valencia de Jueces para la Democracia (JpD) cuestionó ayer el nombramiento de Fernando de Rosa como presidente de la Audiencia Provincial de Valencia por haber ocupado cargos de responsabilidad política e institucional y la actitud que adoptó durante su desempeño. La entidad recordó que De Rosa fue secretario autonómico de Justicia e Interior y conseller de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat entre 2003 y 2008 y, desde entonces hasta 2013, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del que fue presidente provisional tres semanas en 2012.

JpD indicó que actualmente son varias las causas penales de juzgados y tribunales de Valencia y la C. Valenciana en las que se investigan o son enjuiciadas personas que desempeñaron cargos de responsabilidad en diversas instancias durante el tiempo en el que De Rosa ocupó los cargos públicos. Incluido el expresidente Francisco Camps, quien fichó a De Rosa. E incidió en que en su trayectoria no jurisdiccional, De Rosa cuestionó públicamente investigaciones penales por delitos de corrupción política y económica, con personas implicadas que ocuparon puestos de responsabilidad en la Generalitat en el tiempo en el que él fue secretario autonómico y conseller. Además, apuntó que cuestionó públicamente la actuación de la Fiscalía por ese mismo motivo.

Ante esta situación, se preguntan cómo es posible que el órgano que debe velar por la independencia judicial prefiera a un candidato para presidente de la Audiencia «que puede ver su apariencia de objetividad y de imparcialidad cuestionada precisamente por sus propias actuaciones públicas precedentes». «Como asociación judicial nos resulta difícil de explicar ese nombramiento cuando había otra candidata y otros candidatos con perfiles, en principio, más idóneos por su experiencia jurisdiccional concreta en la propia Audiencia para desempeñar la presidencia», agregó.

El CGPJ designó a De Rosa entre cinco magistrados. De ellos, según JpD, él es el de menor tiempo de desempeño de funciones jurisdiccionales y con solo un año en la Audiencia. El resto, según JpD, tiene una larga trayectoria profesional y currículos extensos, vinculados en toda su actividad profesional al ejercicio de la jurisdicción.