La Generalitat daba tanta importancia a su reivindicación del trasvase del Ebro en los años del Gobierno socialista de Zapatero que concedió rango de conseller, al menos a efectos retributivos, a los responsables del «Agua para todos». Así se desprende de la información de la ya desaparecida Fundación Agua y Progreso de la Comunitat Valenciana a la que ha tenido acceso este periódico.
La contabilidad de la fundación, que la conselleria de José Císcar acaba de poner a disposición del diputado del PSPV, Francesc Signes, revela que durante sus ocho años de existencia, entre 2004 y 2012, los gastos de personal ascendieron a 1,8 millones, y sus dirigentes cobraron desde 44.000 euros hasta más de 60.200 euros al año, más de lo que cobra un conseller y cerca del actual salario de Fabra.
En palabras de Signes, la fundación impulsada por el Consell de Camps fue un «pesebre» del PP, una especie de puerta giratoria por la que pasaron personas que, o bien exhibieron «afinidad al PP», o bien antes, después o al mismo tiempo, han tenido o tiene altos cargos en la administración, como el actual director del Agua, José Alberto Comos; la «firme colaboradora» de Rita Barberá y expresidenta de los vecinos de Valencia, Carmen Vila, o el número dos de Alfonso Rus en la diputación, Juan José Medina.
Los gastos de personal en una fundación que fluctuó entre 5 y 7 empleados son una parte importante los 7,2 millones de dinero público procedente de tres consellerias que costó esta entidad de la Generalitat. Los exconsellers García Antón, primero, y Juan Cotino, en la etapa final, fueron los responsables políticos sobre la fundación que agitó la guerra del agua.
Su finalidad propagandística se sustanció a través de campañas de publicidad. Pagó a la desaparecida TVV 607.615 euros en informaciones patrocinadas en materia hídrica para «satanizar» al Gobierno socialista, dice Signes. Estos espacios se producían siempre en periodo preelectoral, antes de las autonómicas de 2008 y de las generales de 2008.
Junto a esto, la fundación gastó cerca de dos millones en otras campañas en medios. En este punto, los socialistas señalan el trato preferencial a dos empresas en concepto de consultoría en materia de publicidad y marketing, con cerca de un millón de euros. Backspin SL facturó a la fundación 574.473 euros entre 2006 y 2012.
También ha organizado eventos para otras terminales de la Generalitat, como el IVVSA, Turismo Valencia, el IVEX, la conselleria de Infraestructuras, el puerto, o la realización de audiovisuales para la Generalitat, apunta el socialista. La Sindicatura de Comptes cuestionó el procedimiento de contratación sin publicidad con esta empresa. La otra firma a la que recurrió durante años fue Zenith Br Media. «Hubo uso sistemático de fraccionamiento de contratos para eludir limitaciones legales y dando opacidad a los procedimientos», apunta el socialista.
13.500 euros a la matriz de Gürtel
Agua y Progreso llegó incluso a tener entre sus proveedores de servicios a Special Events, empresa de la trama Gürtel, que realizó trabajos para la fundación en 2004 por valor de 13.502 euros.
La fundación también gastó más de 1.150.000 euros a través de subvenciones a terceros mediante convenios, como los 310.000 euros a la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, que «mantuvo una de las posiciones más combativas a favor de las tesis del PP». También el Foro Solidario por el Agua (FOSAMA) recibió 175.000 euros.
Hace dos meses, el TSJ dio la razón al PSPV y obligó al Consell a entregar las facturas. Sólo se conocía el montante total: 7,2 millones. Císcar renunció a recurrir al Supremo.
