La policía judicial que registró el pasado viernes la Conselleria de Gobernación, dirigida por Serafín Castellano entre 2007 y 2014, tenía dos objetivos claros: la incautación de los contratos autorizados por el político de Benissanó al empresario presuntamente favorecido, pero también los documentos de la Fundación Medioambiental Huerta de la Comunitat Valenciana.
Esta última institución, creada en 2003 por el empresario Vicente Huerta, tenía como objetivos «la defensa y protección medioambiental, la conservación y protección del patrimonio natural, el desarrollo sostenible, la educación y formación ambiental y la realización de actividades de I+D e investigación tecnológica en relación con el medio ambiente». Aunque en realidad la Fundación Huerta era la que pagaba las facturas de la docena de cacerías que el contratista de aviones de extinción de incendios organizó para agasajar a sus invitados ilustres, entre ellos el entonces conseller de Gobernación o el presidente local del PP de Quartell, Emilio Máñez.
La Fundación Huerta era la paganini de la minuta de las cacerías, que incluían pernoctaciones en paradores como el de Albacete, cenas, joyas y convites con Möet Chandon para amenizar las cacerías, como ha adelantado Levante-EMV. También corrió a cuenta de la fundación la factura de las escopetas y rifles que supuestamente recibieron Serafín Castellano, Emilio Máñez y el hijo de este último. Hasta la munición era costeada por esta fundación medioambiental que llegó a pagar 65.000 euros en cartuchos. La minuta era tan elevada, los investigadores calculan que gastaron hasta 429.000 euros en la docena de cacerías, que la mayoría del material cinegético se camufló en facturas falsas como gastos en ropa y artículos deportivos, más adecuados para una fundación cuyo fin último era «la equidad entre el ser humano y la naturaleza».
El escándalo de la Fundación Huerta fue denunciado en octubre de 2013 al Protectorado de Fundaciones, dependiente de la Secretaría Autonómica de Justicia de la Conselleria de Gobernación. En la denuncia se instaba a la Generalitat a investigar y extinguir la Fundación Huerta, previa revisión de sus cuentas, por «indicios racionales de ilicitud penal en la actividad» por emisión de «facturas falsas, delito fiscal y blanqueo de capitales». El conseller responsable de investigar este patronato era Serafín Castellano, que ignoró olímpicamente los requerimientos.
Proyecto en la Sierra Calderona
Esta denuncia de octubre de 2013 ya incluía muchas de las cuestiones que ahora investiga la Fiscalía contra la Corrupción. Por ejemplo la recepción de facturas «totalmente falsas» como la emitida por «el supuesto proyecto antiincendios en la Urbanización Los Monasterios, que se realizó y pagó, aunque no ha llegado a realizarse nunca ninguna actuación». A la presentación de este «sistema antiincendios en la Sierra Calderona», celebrada el 19 de noviembre de 2010 en el Club Social de la «Urbanización Valle Residencial de Los Monasterios», acudieron el entonces alcalde de Sagunt, Alfredo Castelló, y su concejala de Medio Ambiente, Leonor Murciano, según puede comprobarse en la web de la Fundación Huerta.
Otras facturas presuntamente falsas remitidas a la fundación se refieren a trabajos en el aeródromo de Viver, base del grupo empresarial Avialsa, el contratista de los aviones antiincendios, o el pago de un Mercedes G-500 adquirido por el empresario arrestado el viernes, Vicente Huerta. A pesar de que «la Fundación carecía de actividad abonó en 18 meses la nada despreciable cifra de 250.000 euros» y sus ingresos sólo procedían de las aportaciones de los patronos (en la web aparecen como entidades colaboradoras Avialsa T-35 SL, Air Tractor Europe SL, La Caixa, Caja Madrid y Bancaja).
