Casi inadvertida ha pasado la reforma de la Ley Hipotecaria y la del Catastro Inmobiliario, publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), pero sus efectos sí serán muy apreciados por miles de propietarios de fincas urbanizables que hasta ahora pagaban por ellas el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) como si fuese suelo urbano a pesar de no contar con ninguna obra levantada y que en adelante ya no tendrán que hacerlo. Se estima que en la C. Valenciana hay más de 50.000 hectáreas de suelo urbano sin edificar „en las que se pretendían construir 1,8 millones de viviendas„, paralizadas desde el estallido de la burbuja. La existencia de Programas de Actuación Integrada (PAI) que no han sido ejecutados también debe ser tenida en cuenta. Y en toda España hay cerca de 900.000 parcelas que podrían beneficiarse de esta medida fiscal.
El cambio en la ley, que también tendrá un impacto notable en la recaudación municipal, no ha sido porque el Gobierno central quiera que los propietarios de tierras paguen menos, sino para acatar una sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2014 que estableció que los terrenos urbanizables no pueden valorarse a efectos de pago de la contribución como si fuesen urbanos (mucho más caros) hasta que no tengan aprobado el instrumento urbanístico que los desarrolle.
Es decir, deberán tributar como terrenos rústicos hasta que tengan una ordenación detallada, con un plan parcial o de sectorización aprobado y cuenten con infraestructuras de saneamiento, electricidad o agua.
Esta modificación legal entrará en vigor el 1 de noviembre. A partir de ese momento, los ayuntamientos estarán obligados as comunicar a la Dirección General del Catastro la situación urbanística de sus suelos urbanizables para que puedan pasar a la situación de rústico los que carezcan de ordenación detallada. Es decir, debe ser el concello el que informe y actualice los datos catastrales para empezar a cobrar menos a los dueños de las parcelas.
Origen en 2007
El fallo del Supremo en 2014 que ha conllevado esta modificación de las leyes Hipotecaria y del Catastro Inmobiliario tiene su origen en 2007, en un conflicto entre el Ayuntamiento de Badajoz y los propietarios de unos terrenos a los que recalificó fincas rústicas como urbanas, que lucharon para seguir pagando el IBI rústico.
