El nuevo gobierno autonómico valenciano ha cancelado el plan de incineración de basuras que mantenía la administración anterior desde hace más de diez años.
El proyecto inicial que proponía el gobierno autonómico saliente consistía en poner en marcha hasta tres incineradoras de Residuos sólidos Urbanos (RSU) repartidas por la Comunitat Valenciana. El PP se apoyaba en el hecho de que ninguna planta de tratamiento de residuos respetaba el porcentaje del 44% de rechazo máximo exigido (fracción de los residuos no recicables o reutilizables que pueden ir a un vertedero) . En Alicante tenían un porcentaje del 79,3%, en Valencia del 73,2% y en La Marina, del 71,7%, siendo la planta de Castelló, en l'Alcora, la única que se ajustaba a ese máximo del 44% de rechazo.
En contra de estos argumentos, el secretario autonómico de Medio Ambiente y Cambio Climático, Julià Álvaro (Compromís), confirma la paralización y afirma que «la política que iniciamos en la conselleria no está en la línea de crear incineradoras. Apostamos por vías más sostenibles que no son coherentes con la incineración de residuos sólidos urbanos. Nuestra idea es revisar y modificar el Plan Integral de Residuos de la Comunitat de 2010, y así, intentar excluir la incineración y eliminarla de cualquier sistema de gestión de residuos urbanos».
Compromís rechaza la construcción de plantas de incineración porque es «la forma más inestable y peligrosa de tratar los residuos», puesto que no los elimina, sino que los dispersa y libera a la atmósfera nuevas sustancias como dioxinas, furanos, metales pesados y cenizas más contaminantes».
La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural afirma que tienen que basarse en la reducción de origen y no en incineradoras, ya que esto «genera más empleo, reduce el volumen de fracción orgánica en la planta de residuos, reduce el daño ambiental y el riesgo para la salud de las personas y es más eficaz en términos económicos».
Según la conselleria, una planta de incineración de 45.000 toneladas genera 80 puestos de trabajo, en cambio la opción que se propone, que es la recogida selectiva de residuos y reciclaje, genera 900 puestos de trabajo.
Rechazo ciudadano
La construcción de plantas incineradoras ha generado en los últimos años numerosos movimientos de rechazo y protestas en la Comunitat Valenciana como la que hace unas semanas reunía alrededor de mil personas contra la posible incineración de residuos en Xixona.
Movimientos de rechazo similares se han producido en la Vall d'Alba, donde estaba previsto construir una incineradora finalmente descartada por la presión vecinal, o l'Alcora, donde los movimientos cívicos paralizaron la incineradora de residuos industriales.
