El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, se han comprometido a invertir 130 millones de euros en el Parque Central de Valencia si el Gobierno de España dedica la misma cantidad, correspondiente al 50 % del total, y desarrolla el proyecto. Puig y Ribó se han reunido esta tarde en un ambiente cordial y donde han evidenciado una magnífica sintonía política.
Hoy ha sido la primera vez desde la recuperación del autogobierno que un presidente de la Generalitat y un alcalde de Valencia de distinto color político se reúnen en el Palau.
El encuentro, que ha durado una hora, ha servido para hablar sobre las infraestructuras necesarias para la ciudad. Además, ambas instituciones reclaman al Gobierno que condone la deuda de 430 millones al Gobierno central por el consorcio Valencia 2007, que realizó las obras en la Marina Real para la Copa América.
Puig y Ribó se han comprometido también a impulsar el área metropolitana y a buscar fórmulas para facilitar al ayuntamiento el cobro de multas de tráfico a conductores no empadronados en la ciudad. Además, ambos apuestan por revertir las cesiones de suelo público a entidades privadas para la construcción de centros educativos.
Ambos dirigentes han coincidido en resaltar que las dos administraciones trabajan "en la misma dirección" para solucionar los problemas de los ciudadanos, lo que, para el alcalde "facilita los acuerdos", mientras que el jefe del Ejecutivo valenciano ha subrayado que se abre una "etapa de buena sintonía" entre la Generalitat y Valencia.
"Se va a convocar los dos consorcios para desarrollar una política para desatascar la situación de los últimos años", ha apuntado Puig, quien ha mostrado el "compromiso" de la Generalitat de que en ambos casos estará "al lado" del Ayuntamiento para "buscar las soluciones más óptimas".
Ribó ha defendido la necesidad de abordar el problema de la dársena por su situación económica es "insostenible", con una deuda de 430 millones y un pago próximo que afrontar, y ha afirmado que "los créditos del ICO los tiene que pagar el Gobierno central".
Además, han acordado replantearse políticas metropolitanas para volver a tener una Agencia Valencia de Movilidad que reclame al Gobierno un contrato programa "imprescindible" para Ribó para hablar de la T2, mejorar la EMT o la movilidad ciudadana.
También han acordado retomar el Plan de Acción Territorial de la Huerta que el anterior gobierno "metió en un cajón" y en la creación de una entidad del área metropolitana "que gestione los grandes problemas de la ciudad" que generan las competencias entre los diferentes municipios del área metropolitana.
Ribó también ha apuntado la necesidad de que algunos solares destinados a educación concertada o privada sean recuperados como centros públicos según estaban previstos en el PGOU.
Puig ha comentado que han hablado de la posibilidad de que el ayuntamiento participe en la Agencia Valenciana Tributaria por la importancia de la coordinación de todos los servicios de recaudación para la lucha contra el fraude.
La viabilidad de este proyecto valenciano ha sido cuestionada después de que hoy el Tribunal Constitucional haya suspendido la Ley para la creación de la Agencia Tributaria Catalana, aunque ha asegurado que sería "absurdo" que alguien estuviera en contra de la Agencia Valenciana Tributaria.
"Nadie tendría que estar en contra de la coordinación y de la mejor de la eficacia para que nadie se quede al margen de su obligación del pago fiscal", ha afirmado Puig, quien ha explicado que su intención es crear un consorcio entre las diferentes administraciones para "mejorar la gestión, la eficacia y la lucha contra el fraude".
