En el cine negro hay dos personajes secundarios que siempre resultan claves en la historia: el pianista del café bar y el contable de la banda. En la vida real, las tramas de dinero negro y corrupción suelen estar huérfanas de pianista, pero nunca falta el contable. El de la Imelsa de Marcos Benavent se llama Jose Enrique Montblanch. El exgerente lo fichó como director financiero de su máxima confianza nada más ser designado responsable de Imelsa por el entonces presidente de la diputación, Alfonso Rus. Lo mantuvo al frente de la empresa pública provincial entre 2007 y el 31 de diciembre de 2013.
El juez y la Fiscalía Anticorrupción están investigando, a partir de las pesquisas realizadas por la UCO de la Guardia Civil, a Montblanch como presunto cómplice de Benavent en la operación de saqueo de dinero público, diseñada y ejecutada por el exgerente a través de un conglomerado de sociedades con Berceo Mantenimiento como matriz. Anticorrupción indaga, además, la supuesta participación de Montblanch en una red de facturas falsas cuyo desfalco ascendió a 1,2 millones, según el expediente de inspección que contó Levante-EMV.
En enero de 2014, Benavent y Montblanch pactaron que el segundo abandonara la empresa pública. La salida se hizo efectiva en febrero. La arbitrariedad y las supuestas comisiones en la contratación en áreas como el catastro, la informática o la gestión tributaria empezaban a resultar escandalosas, según fuentes conocedoras de la investigación. Eran episodios indisimulables como un elefante escondido debajo de una alfombra. En áreas fiscalizadoras de la diputación de Rus autorizaron la salida de Montblanch.
Nómina con complementos
Pero no se fue con una mano delante y la otra detrás. Cobraba 100.000 euros de sueldo anual y en su última nómina pública, el contable fue premiado con 20.000 euros en concepto de plus de «productividad». En otros dos meses anteriores, cobró sendos complementos por este mismo concepto de 5.500 euros. En total, 31.000 euros por productividad antes de abandonar la empresa pública. Según información de la que dispone este diario, la investigación que sobre enchufados, zombis, asesores y política laboral en Imelsa „que constituye una pieza en la macrocausa del caso Rus„ puso en marcha la UCO ha detectado otros pagos atípicos a Montblanch. Además de la citada cantidad, el exdirector financiero recibió en sus últimas nóminas „hasta en cuatro, según fuentes de la investigación„ un complemento de 2.500 euros en concepto de dietas. Unos ingresos que, además de ser extraordinariamente elevados, no fueron justificados con facturas de gastos.
El contable estaba muy bien pagado. Pero, además, decidieron mejorarle el sueldo en los últimos meses para que la indemnización por despido „así se vistió la salida„ fuese lo más abultada posible. Los directivos de la empresa pública provincial (desde Benavent hasta Montblanch, pasando por la responsable de personal, María Escrihuela) no constituían en teoría ninguna excepción a la hora de verse afectados por la bajada general de sueldos en toda la diputación y en particular en la empresa pública. No obstante, el equipo de dirección buscó una fórmula alternativa para no rebajarse el sueldo: incluir diversos complementos de retribución variable, como la productividad o el plus de dietas.
Al margen de la investigación abierta en la pieza laboral „que ha llevado a declarar ante la UCO a diputados y exdiputados de la izquierda y sindicalistas„, Montblanch está inmerso en la causa de la trama de facturas falsas detectada por Hacienda que afecta a doce contratistas de Imelsa. El expolio de al menos 1,2 millones de las arcas de la diputación fue detectado por la Agencia Tributaria tras abrir una inspección por fraude en el IVA e Impuesto de Sociedades en los ejercicios de 2010, 2011, 2012 y 2013.
La trama de facturas falsas
La investigación abierta en el juzgado comprende los delitos de malversación de fondos, blanqueo de capitales y falsedad documental e implica, además de a Montblanch, al propio Benavent o a Salvador Deusa, exjefe de evaluación y planificación de la diputación y uno de los detenidos en la Operación Taula. Deusa está considerado una de las piezas clave en la elaboración de los pliegos de condiciones de los grandes contratos provinciales, bajo sospecha por presuntos amaños a cambio de mordidas.
La inspección de Hacienda se cerró con un acta de sanción de 25.000 euros a Imelsa, de los que 11.250 correspondían a la multa y el resto al impuesto defraudado. La cantidad escamoteada al fisco no se consideró delito fiscal al no llegar a los 120.000 euros anuales. No porque el fraude no tuviera entidad sino porque al ser una empresa pública tuvo una bonificación del 99% en el tributo, en cumplimiento del artículo 34 de la Ley del Impuesto de Sociedades. Al no alcanzar el mínimo, Hacienda no presentó denuncia. Sí lo hizo Imelsa tras ser multada.
