La presidenta del PP en la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, está dispuesta a llegar hasta el final en su cruzada por sacar las siglas de su partido del fango de los casos de corrupción y, ello, aunque le cueste su propio liderazgo. Bonig puso ayer voz a lo que en privado ha comentado en alguna ocasión: que se irá si no cuenta con el respaldo del partido, en especial, de la dirección nacional. «Si alguien me dice que me estoy equivocando, me marcho», aseguró en la enésima rueda de prensa en la que los escándalos de corrupción y, en concreto, la operación Taula, son monotema.

Bonig y su número dos, Eva Ortiz, comparecieron en las Corts para hablar de las propuestas del PP en el actual periodo de sesiones, si bien el foco estaba puesto en la lideresa que aún no había hablado desde que el pasado lunes Génova hiciera público el acuerdo por el cual los concejales del Ayuntamiento de Valencia investigados por presunto blanqueo de capitales eran suspendidos de militancia, pero seguían en el grupo municipal como independientes. Preguntada sobre si se sentía desautorizada por la dirección nacional dado que ella exige que dejen el acta, Bonig fue rotunda: «No, me siento totalmente respaldada por Génova». La lideresa se remitió a las palabras del día anterior del vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado, quien mostró el «respaldo absoluto» a Bonig y abría la puerta a que el expediente informativo abierto por el PP nacional culmine con la expulsión, la única vía factible para sacar a los concejales del grupo. Ante la insistencia de los periodistas sobre las discrepancias entre lo que Génova ha resuelto y las pretensiones del PP regional, Bonig estalló: «¿Alguien ha dicho que no se les pida el acta o que me he equivocado? El día que alguien lo diga, me marcho, así de claro», espetó.

Bonig y su núcleo duro es consciente de que su postura de mano dura contra los investigados es una prueba de fuego para su liderazgo. No todo el PPCV está de acuerdo en cómo está gestionando la crisis, ni en las formas ni en el fondo. Las grietas se han visto con la rebelión de los concejales y cuando el escándalo salpicó al barón provincial Vicente Betoret. La lideresa cuenta con el apoyo de los jóvenes del PP nacional, pero la correlación de fuerzas entre los críticos a Rajoy y los históricos no está clara.

La presidenta confía en tener el respaldo de Génova y que el expediente se resuelva con la expulsión. La hoja de ruta, tal como informó ayer este diario, es apretar a Madrid para que los eche si vence el ultimátum y no entregan el acta. El último cartucho, confirmó, es que el PPCV abra su propio expediente por la vía de la desobediencia. Bonig precisó que esperará primero a que Madrid resuelva, una decisión que podría estar en una o dos semanas. «Serán rápidos», indicó. Admitió que le gustaría que este proceso fuera más rápido, pero se escudó en que hay un procedimiento y las cosas deben hacerse bien para evitar un recurso. Con todo, aseguró que sigue confíando en la palabra dada por los ediles y en que dimitirán.