La Comunitat Valenciana es la quinta autonomía de España en cuanto a delitos de odio, con 123 registrados en 2015, y la primera del Estado en cuanto a detenciones o imputaciones por estos casos, con 75 detenidos o imputados. Además, un 75 % de los delitos han sido esclarecidos, una cifra 23 puntos superior a la media española.
Así lo ha explicado hoy el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, tras inaugurar la Jornada de Delitos de Odio y Discriminación organizada por la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional en el marco del I Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según ha informado en un comunicado esta institución.
En cuanto a los delitos, los relacionados con las creencias o prácticas religiosas, el racismo o la xenofobia y la ideología acaparan el 46,36 %; los relacionados con la discapacidad el 34 %, y los relacionados con la orientación o identidad sexual y discriminación por razón de sexo, el 17 %. Por último, la aporofobia -odio a las personas pobres- supone el 1,63 %.
La Comunitat Valenciana es la quinta región con hechos conocidos (123), por detrás de Cataluña (277), País Vasco (201), Madrid (159), Andalucía (142). El total de delitos de odio registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en 2015 asciende a 1.328.
Según Moragues, estas cifras indican que "se está avanzando en visibilizar el delito y eso es, en buena medida, debido a la mejor formación de los cuerpos policiales y a la campañas de sensibilización".
Protocolo de actuación
En este sentido, ha recordado que el Gobierno aprobó, en diciembre de 2014, el primer Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Éste ha dotado por primera vez a los cuerpos policiales de una herramienta de identificación y homogeneización del procedimiento policial, de las tipologías penales y administrativas relacionadas con los delitos de odio, y ha revisado el conjunto de conductas que vulneran el ordenamiento penal y administrativo.
Este protocolo también incluye unos indicadores de polarización que recogen los indicios que deben ser debidamente recopilados e incorporados al atestado policial con el fin de dotar a fiscales y jueces de los suficientes indicios racionales de criminalidad, que permitan formular cargos de imputación y, en su caso, condenas.
"El objetivo final es identificar el discurso del odio que genera violencia física, psicológica y verbal para erradicarla", ha afirmado Moragues.
Agente encubierto
El delegado de Gobierno ha insistido en que la lucha contra la discriminación y el odio es un "objetivo primordial" para el Gobierno y, en este sentido, ha recordado que el Ejecutivo "ha reformado el Código Penal, lo que ha mejorado la tipificación de las conductas que no estaban contempladas hasta el momento", como la comisión de estos delitos cuando se produzca a través de Internet u otros medios de comunicación social de gran difusión.
Otro de los cambios en este campo es la incorporación como pena dentro del Código Penal, en muchas de las infracciones penales comprendidas dentro de los denominados delitos de odio, de la inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre para los autores que resulten condenados por hechos de este tipo.
Además, la Ley del Estatuto de la Víctima del delito pone en marcha mecanismos que mejoran la atención, información y asistencia a las víctimas de delitos, como la puesta en marcha de las oficinas de asistencia.
La modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal también ha creado la figura del agente encubierto informático y faculta a los agentes para investigar, bien la difusión en las redes sociales de mensajes ofensivos que incitan al odio y la violencia, o aquellas publicaciones en Internet que contengan contenidos que puedan constituir delitos de odio.
También se está impulsando la cooperación con los grupos de la sociedad civil y ONGs que representan a las minorías o víctimas de estos delitos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para mejorar los niveles y cuotas de confianza de las víctimas de la discriminación y el odio en las instituciones que les protegen, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
El delegado de Gobierno ha concluido haciendo un llamamiento a la sociedad para que "dé voz a las víctimas del odio, para que nos ayude a explicar qué es y cómo identificarlo". "Ser diferente no es un problema, el problema es ser tratado diferente", ha afirmado.
