La Generalitat Valenciana dispondrá a partir del mes que viene de los primeros resultados de las auditorías económicas financieras y de gestión asistencial que se están haciendo a los cinco departamentos de gestión privada. Así lo ha anunciado esta mañana el president de la Generalitat, Ximo Puig, tras mantener una reunión con la consellera del área, Carmen Montón y los comisionados responsables de cada uno de los departamentos privatizados. "El próximo mes acabará la auditoría de Dénia, y en estos meses se irán acabando el resto", ha asegurado Puig que espera que lo fundamental sobre el estado de estas cinco concesiones sanitarias se sepa en 2017. "Queremos saber cómo están las cosas" para reducir la "arbitrariedad" y garantizar, según ha asegurado la "igualdad" en las prestaciones sanitarias para el millón de personas atendidas actualmente en estas áreas.

Todavía no hay datos preliminares de estos "exámenes" de situación ya que, como ha recordado Puig, en el caso del análisis económico financiero del hospital de Dénia es la Intervención de la Generalitat la que está actuando. El president insistió en el "descontrol" que existía con las concesiones, sobre todo, por la falta de fiscalización de los anteriores equipos de gobierno. Puig ha redoblado el compromiso de su gobierno en devolver a la gestión pública estos departamentos aunque ha asegurado que son "conscientes" de que había que garantizar la "seguridad jurídica" y se debía atender a "las reglas de juego", en relación a la posibilidad de adelantar la reversión. En este sentido, el presidente sí ha recordado que el área de Alzira "acaba ya", en 2018, y que se está trabajando para hacer el cambio con normalidad y que se seguía "en conversaciones" con los responsables de la gestora en la Marina atendiendo a la posibilidad de que se pudiera hacer una reversión anticipada por la salida del socio mayoritario, DKV Salud.

Puig también se ha quejado de los problemas añadidos que existen como el proceso judicial con el departamento de Manises por el que se reclaman más de 100 millones de euros por liquidaciones atrasadas o la falta de pago del Gobierno central por los pacientes desplazados que anualmente se atienden en la Comunitat y que alcanzan los "80 millones de euros anuales", según ha cifrado Puig.