Horrach: "El TSJ decidió no imputar a Camps y Rita y hay que respetarlo"

El fiscal Anticorrupción de Palma, Pedro Horrach, no quiso ayer meterse en muchos charcos. Había acudido al Ateneo Mercantil de Valencia para impartir la conferencia «Derechos y garantías en el proceso penal», haciendo un paréntesis en su actuación en el juicio oral del caso Nóos que se está juzgando en la capital mallorquina y que ha sentado en el banquillo a la infanta Cristina y a su marido, Iñaki Urdangarin.

A preguntas de Levante-EMV sobre la decisión de dejar fuera de la causa a Francisco Camps y Rita Barberá, impulsores políticos de muchos de los eventos que el instituto Nóos quiso llevar a cabo en Valencia y que ahora se están investigando, el fiscal explicó que «en su día el Tribunal Superior de Justicia decidió que no había lugar a la imputación por falta de indicios y hay que respetar las decisiones judiciales», indicó.

Horrach afirmó, por otra parte, que la inocencia de la infanta Cristina es «lo que he defendido y lo que voy a defender» en el final del, cuya fase oral se prevé que se alargue hasta el 30 de junio. «No sé cómo terminará, si nos darán la razón. Serán los tribunales los que decidan», apuntó el fiscal, quien llevó también casos como el de Andratx o el de Palma Arena.

Preguntado por las críticas y la puesta en cuestión de la independencia de jueces y fiscales por parte de políticos cuando los casos de corrupción atañen a sus partidos, Horrach indicó, siguiendo su tono políticamente correcto, que es una «situación que se ha dado siempre».

«A pesar de las críticas constantes por la dependencia jerárquica de la Fiscalía, tachándonos a los fiscales de monigotes al servicio del poder ejecutivo correspondiente, la confianza de los ciudadanos ha aumentado», defendió Horrach durante la conferencia. En la misma no dudó en defender el papel del ministerio público, que en su opinión debería poder controlar a la policía judicial y «no depender de un mando policial qué, cuándo y cómo se investiga un caso».

Arremetió también el fiscal contra la limitación de plazos de instrucción que establece la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como contra el derecho que asiste al letrado del detenido a conocer todos los procedimientos.