Una macrooperación de la Agencia Tributaria (AEAT) contra el fraude fiscal en discotecas y pubs de toda España, con 110 sociedades investigadas y 87 locales registrados, ha golpeado duramente el mundo de la noche valenciana con una veintena de registros en la Comunitat. Al menos cinco conocidas discotecas de la capital del Túria, dos más de Gandia y una de Riba-roja de Túria figuran entre los negocios investigados después de que los inspectores de Hacienda detectaran un supuesto desfase entre los aprovisionamientos, el aumento del coste de personal, la variación de existencias y el margen de beneficios declarados por dichas sociedades entre los años 2011 y 2015.
Un informe previo de la AEAT, en el que se observan «indicios claros de la muy probable existencia de hechos imponibles no declarados» por parte de estas empresas dedicadas al ocio nocturno, estima en más de cuatro millones de euros el posible fraude en la declaración del IVA y del impuesto de sociedades de al menos seis sociedades con sede fiscal en la ciudad de Valencia.
Según ha podido saber Levante-EMV, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número ocho de Valencia autorizó los registros, llevados a cabo entre el jueves y ayer viernes, en las oficinas de la sociedad que gestiona las Ánimas del Puerto, situadas en la calle Pizarro, y en la sede social del Grupo Salamandra, que gestiona nueve salas de fiestas de Valencia, entre ellas la Sala Mya y la terraza del Umbracle, ambas registradas ayer por la mañana por inspectores de la AEAT, quienes se llevaron libros de contabilidad, ficheros, facturas, justificantes de pagos y gran cantidad de material informático.
Además en Valencia ciudad se registraron también otras cuatro sociedades más, la antigua propietaria de la discoteca Baobab de Riba-roja, un pub de la Gran vía Marqués del Túria y dos copropietarias de la discoteca Akuarela, así como el conocido local de ocio ubicado en la calle de Eugenia Viñes. Además de la documentación intervenida, que tendrá que ser ahora examinada a fondo por los inspectores para determinar si realmente existen ingresos no declarados, los funcionarios hallaron en dos de los locales 42.000 y 24.000 euros en efectivo, dinero de la supuesta recaudación de esa misma noche. Dichas cantidades quedaron registradas como prueba pero no fueron intervenidas.
Uno de los aspectos que hizo sospechar a los inspectores fue el elevado porcentaje de cobros con tarjeta declarados a Hacienda por parte de estas sociedades del mundo de la noche, «anormalmente alto para un sector donde prima el pago en efectivo», según fuentes de la Agencia Tributaria. Esto alertó sobre la posible existencia de un gran circuito paralelo de dinero en efectivo completamente en negro y dio pie al origen de la llamada «Operación Chopin», denominada así por los 21 «Nocturnos» para piano del compositor polaco.
Así, se detectó un nexo común en todas las empresas afectadas, que estaban declarando un volumen de cobros con tarjeta de crédito que duplicaba los movimientos de efectivo en cuentas bancarias declarados a la Agencia Tributaria. Además, los investigadores observaron que se daban diferencias sustanciales entre la actividad declarada y la que reflejaba el análisis pormenorizado del aforo habitual de los locales y el precio de las entradas y las consumiciones.
Golpe en plena temporada estival
Aunque el inicio de las investigaciones se remontan a principios de año, la AEAT decidió reventar la operación el pasado jueves coincidiendo con el inicio de la temporada alta de las discotecas en las principales zonas costeras, esperando así obtener mayores resultados directos y, a la vez que se pretende regularizar el fraude fiscal, «transmitir también a los sectores involucrados en estas prácticas un mensaje disuasorio, para que las reconduzcan hacia el correcto pago de sus obligaciones tributarias«, aseguraron desde Hacienda.
Por el momento no se han producido detenciones y, aunque hay 14 personas físicas investigadas, las fuentes consultadas remarcaron que se trata de una intervención de carácter administrativo. Por su parte, fuentes próximas a una de las sociedades investigadas, que gestiona varias discotecas de Valencia, aseguran que tienen «todos los pagos al fisco en regla».
