Alberto Bordes Folgado, padre preadoptivo del pequeño Joan, se lamenta por el infierno vivido: «¿Adoptar en España? En cualquier tribu africana tienen leyes más justas y las aplican mejor que en España»

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­Pasamos en Oviedo un proceso de adaptación que fue increíblemente rápido. Joan vino a Valencia cuando tenía sólo 18 meses y rápidamente se integró. Familia, amigos, colegio?. Entró en nuestras vidas para quedarse con nosotros para SIEMPRE. Llegó el día de ratificar el proceso de adopción de Joan, cosa que hicimos tanto nosotros como la madre biológica de forma voluntaria. Pero pasados unos meses, y bajo la influencia de una familia desestructurada, impugnaron su consentimiento a la adopción. Cuando el caso llegó a la Audiencia Provincial de Oviedo, los "magistrados" basándose en el informe de un solo "Psicólogo" que realizó después de una única sesión, decidió echar por tierra todo el sistema de protección de menores.

El viernes día 29-7-16 todavía estaba pendiente de resolverse la solicitud de nulidad de esta sentencia que nos obligaba a entregar a nuestro hijo, y nosotros que habíamos empezado nuestras vacaciones, decidimos marcharnos y aislarnos para pasar tranquilos con nuestro hijo el que podría ser nuestro último verano juntos, dado que nadie nos había notificado nada y siendo viernes último día hábil pensamos que todo se aplazaba hasta septiembre. Nunca hemos sustraído a ningún niño. Irse de vacaciones y apagar el móvil no es ningún delito. A la vuelta de vacaciones nos encontramos con que la Jueza ha ordenado que nos busque la policía. La jueza no acepta que se suspenda la ejecución de la entrega hasta que decida el Supremo, que parece tener demasiado trabajo para encargarse del bienestar de un menor, y la Consejería de Oviedo dice no tener medios para unirse a nuestra demanda al tribunal de Estrasburgo, para defender su postura. Evidentemente alguien no ha hecho las cosas bien, pero no somos nosotros como familia adoptiva y mucho menos nuestro hijo que acaba de cumplir cuatro años, y cuando se junta una legislación absurda y kafkiana en materia de adopción, una administración pública que no está preparada y un poder judicial que se desentiende de aquello de lo que tanto alardean (la prioridad es el bienestar del menor), el resultado no puede ser otro: sufrimiento.