La investigación judicial sobre la gestión del exalcalde de Sagunt ha supuesto un duro golpe para la organización que preside Bonig, que no logra desvincularse de la sombra de los casos de corrupción. Pero ahora la mancha ha salpicado a quien formalmente tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las líneas rojas instauradas por Bonig para lavar la imagen de la organización. Fue el expresidente Alberto Fabra quien puso a Castelló al frente del comité de derechos y garantías del PPCV. El diputado se convirtió en uno de los hombres fuertes y siguió a rajatabla sus instrucciones de mano dura contra los imputados. Una medicina que, todo apunta, también tendrá que tomar él mismo. Con el relevo en el PPCV, Castelló fue ganando la confianza de Bonig, quien lo mantuvo en el consejo de dirección de las Corts. No es de extrañar que la posible imputación haya caído como una bomba. Aunque el juzgado de Sagunt solicitó en enero a las Corts que certificara si estaba aforado (paso previo para investigarlo), la cámara no informó al diputado que el pasado miércoles se desayunó con la noticia la UCO entrando en el que fue su ayuntamiento. La lideresa del PPCV abogó ayer por la prudencia ya que formalmente no está imputado, pero reiteró que su postura ante estos asuntos «es conocida» y «clara». Candidato, por tanto, a acompañar a Miguel Domínguez al rincón de los no adscritos.
