Levante-EMV

Levante-EMV

Contenido exclusivo para suscriptores digitales

La Generalitat extrema los controles para 2014-2020

El nuevo PDR dotado con 450 millones incluye un apartado para verificar que los fondos se gastan de forma adecuada

El Plan Financiero del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana PDR CV 2014-2020 alerta de los posibles riesgos en la concesión de estas subvenciones y llama a extremar «la verificabilidad y controlabilidad» de los fondos públicos destinados a mejorar las condiciones de vida en los pueblos y zonas rurales. El PDR 2014-2020 está dotado con 450 millones de euros de los que 204 millones vienen de Europa, la Generalitat aporta 192 millones y 54 millones de euros el Gobierno central. El plan llegará a 30.000 beneficiarios.

Sin embargo, contiene un apartado dedicado a extremar los mecanismos de control para asegurarse de que las inversiones se tramitan y se ejecutan de manera adecuada. El documento explica que se han analizado «los posibles riesgos a partir de los resultados de los controles realizados en el periodo 2007-2013 y considerando las deficiencias detectadas en el informe del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución de Leader».

Los mayores riesgos corresponden «a la adecuada trazabilidad de la selección de las operaciones, el conflicto de intereses de las partes involucradas y la dificultad del seguimiento y evaluación» de las obras y actuaciones subvencionadas.

Además, la administración autonómica tiene que asegurarse de evitar «cualquier conflicto de interés», seleccionar proyectos con «objetivos cuantificables» y hay que establecer «procedimientos para revisarlas». Entre otras medidas exigibles, se especifica que «el control documental y sobre el terreno de la correcta ejecución de las operaciones, corresponderá a los GAL».

Todas estas medidas impulsadas por la Generalitat se dirigen a un mayor control y verificación sobre el destino del dinero cofinanciado por las arcas autonómicas, europeas y estatales. De manera implicita se reconoce, que como denunció la Oficina contra el Fraude de Bruselas en los 61 millones concedidos entre 2008 y 2013 con los fondos Ruralter-Leader, pudieron fallar los mecanismos de fiscalización en la gestión de las subvenciones pero también en su justificación y ejecución final.

Compartir el artículo

stats