Los consumidores exigen a la banca que comparta los gastos de firmar la hipoteca

Las organizaciones de consumidores han movido pieza en las últimas semanas para abrir un nuevo frente judicial contra la extendida práctica de la banca de cargar sobre los clientes que firman hipotecas todos los gastos asociados a la formalización de préstamos: las tasas de las notarías y de los registros de la propiedad, así como el impuesto de actos jurídicos documentados.

Invocando una sentencia del Supremo que data de 2015, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una campaña para captar afectados que deseen reclamar la devolución de las cantidades abonadas. En la Comunitat Valenciana, Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana (UCE) instó ayer a que los consumidores reclamen a su entidad bancaria que se compartan los gastos por este concepto. Y si no, que sopesen la posibilidad de recurrir a los juzgados con un procedimiento individual o colectivo, según declaró el abogado Francisco Rodríguez.

A finales de 2015, el Supremo declaró nula una cláusula hipotecaria en la que, textualmente, se establecía: «Son de cuenta exclusiva de la parte prestataria (el hipotecado) todos los tributos, comisiones y gastos ocasionados por la preparación, formalización, subsanación, tramitación de escrituras, modificación y ejecución de este contrato...». El enunciado genérico de la cláusula, que no concreta los gastos, llevó al tribunal a determinar su nulidad. La sentencia consideró así abusivo que los aranceles de notarios y de registradores se carguen exclusivamente sobre los clientes y fijó también el criterio de que el sujeto pasivo (el obligado a tributar) del impuesto de actos jurídicos documentados es el banco y no el deudor hipotecario.

Dos procedimientos

Según las organizaciones de consumidores, una mayoría de hipotecas en vigor contiene cláusulas análogas a la anulada por el Supremo hace un año, lo que abrió una vía para la reclamación por dos procedimientos: uno ante el propio banco, para exigir la devolución de dinero desembolsado, y otro, ante los tribunales, solicitando la nulidad de la cláusula si la entidad financiera no responde afirmativamente.

Se calcula que los gastos de formalización de una hipoteca ronda los 3.000 euros de media. Según el abogado de la Unión de Consumidores en la Comunitat Valenciana, «casi todos los hipotecados se han visto perjudicados por esta práctica». «Esta sentencia del Supremo demuestra que no se estaba interpretando la ley a favor del consumidor, sino de las entidades bancarias». Ellos no confían en que las entidades bancarias vayan a cambiar su práctica por el fallo judicial. Pero aconsejan a los ciudadanos que vayan a formalizar hipotecas que soliciten a su entidad que los gastos se compartan de forma repartida entre las dos partes.

«Sería preferible no llegar a la vía judicial y que la mediación de colectivos de consumidores fuera suficiente», afirma el portavoz jurídico de la Unión de Consumidores, que no descarta encabezar una demanda colectiva al respecto.