Sahuquillo cae para no dañar a Rodríguez y el pacto con Compromís

El cargo como dietas de bebidas alcohólicas, el uso fuera del horario laboral de un coche oficial contratado solo para él y algunos contratos fragmentados, «errores» revelados en la auditoría interna de la compañía, han pesado demasiado sobre los hombros del cogerente, especialmente cuando el también afectado estaba siendo ya Jorge Rodríguez (PSPV). El presidente de la corporación provincial nombró personalmente a Sahuquillo para el cargo por ser de su total confianza „ya había un cogerente socialista„ y lo ha defendido hasta el final.

Todo ha sucedido en un contexto de batalla interna y política, con el director jurídico, José Luis Vera „ahora de baja„, enfrentado a Sahuquillo a través de informes sobre las «irregularidades» en su gestión y apartado finalmente de sus funciones por los presuntos privilegios a juristas y letrados de su entorno a pesar de que la auditoría dictó que había obrado rectamente.

Sahuquillo, un veterano en las estructuras del PSPV que ha sobrevivido a varias direcciones del partido, explicó ayer que tomó la decisión para evitar que se dañara la imagen del presidente de la diputación. «Aunque soy consciente de que no he cometido ninguna ilegalidad, como ha quedado acreditado, he decidido abandonar el cargo para que no se siga utilizando un error personal para intentar perjudicar la imagen y el proyecto político que encarna Jorge Rodríguez», apuntó Sahuquillo.

El ex alto cargo abandona Divalterra tras haber pagado horas antes 252,60 euros. La cantidad corresponde a las bebidas alcohólicas (gintonics y otros licores) que pasó como dietas durante comidas de empresa desde el pasado mes de febrero. La mayoría de estas consumiciones, según la corporación provincial, se hicieron durante el verano para «agradecer» a su equipo y a otros responsables con los que se reunía que trabajaran durante los meses estivales. «Soy consciente de que cometí un error y pedí subsanarlo», explicó el socialista.

La diputación ha insistido en todo momento en que, aunque el cargo de los licores fue «una torpeza», no es corrupción. Y atendiendo a la normativa vigente en aquel momento, tampoco era ilegal. «Sí es discutible si es ético o no», apuntó el pasado martes el propio presidente de la diputación.

El desgaste que ha supuesto la exposición pública de Víctor Sahuquillo ha castigado la relación entre los socios de gobierno en la diputación. PSPV y Compromís, en cuyas manos está la otra cogerencia de la firma, se han cruzado acusaciones y reproches fuera de micrófono que han ido en aumento.

Rodríguez planteó esta semana una solución a medio plazo: la voladura controlada de Divalterra, traspasando el grueso de sus competencias y plantilla a la corporación. La medida incluía la reducción drástica de directivos, lo que abría la puerta a la salida del cogerente. La coalición respondió que no se negaba a hablar de la remodelación, pero primero había que solucionar el caso Sahuquillo. Una manera de marcar distancias y dibujar un cordón sanitario. El conflicto ha llegado a afectar a la negociación de los presupuestos de 2017.

El equipo del presidente ha reprochado a Compromís que no haya sido tan leal como cuando actuaciones de representantes de la coalición han sido cuestionadas.

Sahuquillo denunció ayer una «campaña inquisitorial» de «determinados partidos». Y no sólo del PP, «quien ha aprovechado este error para tapar sus vergüenzas judiciales», en palabras del excogerente. «Con este gesto se vuelve a demostrar que todos los que estamos en la vida pública no somos iguales», apuntó ayer Sahuquillo.

El alto cargo „será el consejo de administración el que apruebe su marcaha„ se va a la calle, sin acomodo público, pese a que algunas fuentes aseguraban ayer que ha habido algún amago. Divalterra queda con solo una cogerente, Agustina Brines, aunque ni siquiera Compromís parece muy feliz con la situación: la maleta de Imelsa pesa mucho.