«¿Un certificado médico sobre qué? ¿Sobre lo que significa el matrimonio? ¿Sobre mi discapacidad? No lo entiendo». José Luis Martínez desconocía la modificación del artículo 56 del Código Civil, un cambio que obligará a las personas con «deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales» a presentar un certificado médico sobre su «aptitud» para «prestar el consentimiento» y poder casarse.

Jose Luis es ciego y se casó el pasado 10 de diciembre con Virtudes Grau, su amor desde hace una década. Llegó el momento de formalizar su relación, de dar un paso más, así que realizaron los trámites y entregaron el papeleo como cualquier hijo de vecino.

Tenían la cita concertada desde 2014. José Luis no sabe qué habría dicho si le hubieran pedido un certificado médico para poder casarse, algo que le ocurrirá a las parejas que contraigan matrimonio a partir del 30 de junio de 2017.

Ni tan siquiera sabe si se habría casado porque la obligación implica una discriminación que no está dispuesto a asumir. «Yo me casé hace diez días y allí estábamos mi mujer y yo y los testigos. Si no, ¿para qué sirve la figura de los testigos? El certificado ese no hace ninguna falta porque solo sirve para señalar a un colectivo, para discriminarlo. De verdad que me parece increíble porque, ¿qué hago?, ¿voy al médico y le digo que me haga un certificado para poder casarme porque sé perfectamente lo que es casarme? Soy ciego, pero entiendo lo que es un matrimonio», afirma José Luis.

En defensa de la igualdad

De hecho, José Luis está convencido de que la modificación del artículo 56 del Código Civil debe ser «un error». Repite constantemente «si eso es real...». Y es que pedir un certificado médico para poder casarse le parece «increíble», «raro» y «discriminatorio». «Existe un gran desconocimiento sobre la discapacidad. Si la gente no tiene a un conocido en su entorno puede no saber las diferencias, pero los gobiernos deben ir un paso por delante. Ellos sí deben saber las diferencias porque lo contrario es imperdonable».

Desde el Colectivo Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ya se han puesto manos a la obra para conseguir que el Congreso de Ministros derogue la modificación del artículo 56 del Código Civil que, tras la aprobación del texto el 2 de julio de 2015 quedó redactado de la siguiente manera: «Si alguno de los contrayentes estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales se exigirá por el Secretario Judicial, notario, encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento». Hasta que se aprobó el cambio, el texto solo hacia referencia a la obligación de presentar un certificado médico en el caso de «deficiencias o anomalías psíquicas».