Ocho años después del inicio de la crisis, los indicadores macroeconómicos muestran una leve recuperación pero la situación de las familias más vulnerables de la Comunitat Valenciana no ha mejorado. Según la memoria de 2016 de Cáritas Diocesana de València, 60.068 fueron las personas beneficiarias de la ayuda de la entidad, un descenso del 16 % respecto a 2015.

A pesar de esta caída -achacada a que la valenciana es la autonomía que más población pierde, y que las víctimas de prostitución y los migrantes irregulares están «invisibilizados»-, el 78 % de los beneficiarios ya habían sido atendidos por Cáritas anteriormente, por lo que avisan de un «estancamiento» de las situaciones más difíciles.

Fani Raga, secretaria general de Cáritas Diocesana, asegura que hay «un sector de la población que no mejora aunque haya recuperación económica», a causa de «un modelo de inclusión muy precario». Por un lado, se ha acabado el «colchón familiar» que sostuvo a muchos hogares los últimos años; así como sus ahorros o las prestaciones. Por otro lado, hay «trabajadores pobres», ya que el empleo «no garantiza que una familia pueda salir adelante», explicó ayer Ignacio Grande, director de la entidad.

Entre los beneficiarios de los servicios de Cáritas, la mayoría son españoles (56 %), el 35 % son menores (19.000), y los perfiles más repetidos son: parejas jóvenes con hijos, madres con hijos o personas solas, detalla Raga. Otro dato revelador es que el 70 % son mujeres. Asimismo, la entidad alerta de la transmisión «intergeneracional de la pobreza».

En la Comunitat Valenciana, Cáritas invirtió 18.560.558 euros, 4.984.956 de ellos en la diócesis, que comprende la provincia de València y el norte de Alicante. El 78 % del dinero, según consta en el informe, procede de fondos propios (colectas, donaciones de socios, herencias...) y las necesidades básicas (56 %) y la vivienda (28 %) centran la mayoría de las ayudas.

Para paliar estas situaciones, desde Cáritas piden «reformar el modelo socioeconómico», «generar empleo digno» y que las administraciones doten de presupuesto las medidas legislativas que se aprueban.