La Conselleria de Hacienda alcanzó ayer un acuerdo con los sindicatos presentes en la Mesa de Diálogo del Sector Público Empresarial para convocar ofertas de empleo público en 2017 al calor de la nueva ley de presupuestos del Estado que se debate en el Senado y que, por primera vez en años, abre la mano para celebrar oposiciones. Hacienda intenta así con este gesto frenar el malestar en los sindicatos que preparaban movilizaciones al entender que, dos años después, el proceso de regulación en el sector público, una pata de la Administración en la que trabajan más de 5.000 personas, estaba bloqueado.
Tal como ha venido contando este diario, el departamento que dirige Vicent Soler se ha encontrado con una auténtico avispero, ya que el sector público fue creciendo al calor de los gobiernos del PP sin orden ni concierto y fue cobijo de cientos de contrataciones sin proceso selectivo. De hecho, más dos tercios del personal no puede acreditar proceso selectivo alguno. El grueso de este personal ha consolidado sus derechos y Hacienda no ha encontrado aún la vía para solucionar un problema que sobre todo ya es político.
La nueva ley, que el pasado mes de abril desveló Levante-EMV, viene a ser una ley de punto final para el actual plantilla (el texto apenas se ha modificado pese al enfado de Compromís), si bien recoge toda una serie de novedades para contrataciones futuras. De hecho, las próximas ofertas de empleo público (las plazas aún se están cuantificando) se harán, según dice el borrador de la ley que ayer fue entregado a los sindicatos, por el sistema de oposición, concurso oposición y de manera excepcional, concurso. La oposición, dice la ley, consistirá en la «realización de una o más pruebas de capacidad adecuadadas a determinar la apctitud de cada aspirante». La fase de oposición supondrá como mínimo el 60% de la puntuación total.
Por otro lado, y para acabar con las situaciones irregulares del pasado, la ley contempla que una vez entre en vigor «no podrán constituirse bolsas de trabajo que no se adecuen a los requisitos generales establecidos en la misma», es decir, sin pruebas selectivas de por medio. Y en un plazo de una año «deberá procederse a convocar bolsas de trabajo que sustituyan a aquellas que no cumplan con los requisitos».
La conselleria defendió ayer que esta nueva ley intenta acabar con un sector público que «era un auténtico reino de taifas» y con enormes dosis de opacidad y falta de transparencia y control.
Tal como también informó este diario, las entidades quedan bajo el control exhaustivo de la Conselleria de Hacienda y tendrán que someterse a auditorías económicas y específicas de personal y a planes de reequilibrio en caso de pérdidas. El borrador de la ley establece también controles más exhaustivos a la hora de crear nuevas firmas públicas. Así, cualquier entidad, incluidas las fundaciones públicas, deberán aprobarse por ley y además tendrán que presentar un plan de actuación a tres años.
La Secretaria Autonómica del Sector Público está celebrando reuniones biltaerales con las conselleries para definir el nuevo mapa del sector público tras el proceso de reestructuración. Cabe recordar que algunas están pendientes de supresión, como es el caso de Ciegsa.
El PP y el valenciano
Por otra parte, Isabel Bonig anunció ayer en Alicante que el PPCV está preparando un recurso contencioso contra el decreto del Consell por el que se regulan los usos administrativos e institucionales de las lenguas oficiales de la C. Valenciana.
