La ONU condena los desahucios de inquilinos sin vivienda alternativa

La ONU ha lanzado una advertencia a España por la lacra de los desahucios.

Tras evaluar un caso de desahucio por extinción de contrato de alquiler de habitación, ocurrido en Madrid en 2013 y que terminó con una familia de cuatro miembros (dos niños de 1 y 3 años) durmiendo en un coche, Naciones Unidas obliga a reparar el daño causado, entregar una compensación económica a la familia, y recomienda la adopción de medidas para combatir estas situaciones.

La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) de València celebró ayer el dictamen de la ONU como un hito esencial porque «sienta las bases de que los jueces, y si no el Estado y las otras Administraciones públicas, no pueden autorizar un desahucio sin garantías de alternativa habitacional», en palabras de Jesús González, activista de la plataforma y crítico con que la Comunitat Valenciana siga sufriendo desahucios, «cada vez más por impago de alquiler».

El dictamen aprobado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU insta al Estado español a "adoptar medidas legislativas y administrativas pertinentes para garantizar que en los procesos judiciales de desalojos de inquilinos, los demandados puedan oponerse o presentar un recurso con el fin de que el juez considere las consecuencias del desalojo y la compatibilidad de esta medida con el Pacto [Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales]". Asimismo, recomienda a España que adopte las decisiones necesarias para "superar los problemas de falta de coordinación entre las decisiones judiciales y las acciones de los servicios sociales que pueden conducir a que una persona desalojada pueda quedar sin vivienda adecuada".

La resolución de Naciones Unidas, aprobada en junio, insiste en que las personas desalojadas de su vivienda por impago de alquiler deben tener "una vivienda alternativa, en especial en aquellos casos que involucran a familias, personas mayores, niños u otras personas en situación de vulnerabilidad".

Lanzamientos en la C. Valenciana

Los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), referidos al primer trimestre de 2017, reflejan que el número de lanzamientos hipotecarios o desahucios practicados en España entre enero y marzo fue de 17.055. En la Comunitat Valenciana fueron 2.358 (incluyen propiedades rústicas, garajes, etc.).

La plataforma antidesahucios celebra que esta amonestación a España es una "victoria" de un movimiento que empezó uniendo a los hipotecados "frente a los abusos de un mercado de vivienda despiadado" y que ha ido sumando a "endeudados, desahuciados, alquilados, precarios, ocupantes sin título, habitantes de autoconstrucciones, personas sin techo".

Jesús González, de PAH València, recalca que la ONU demuestra así que España debe dejar de permitir desahucios sin alternativas de vivienda. Precisamente la última recomendación de Naciones Unidas invita al Estado español a "formular e implementar, en coordinación con las comunidades autónomas y hasta el máximo de los recursos disponibles, un plan comprensivo e integral para garantizar el derecho a la vivienda adecuada de personas con bajos ingresos".