El exvicealcalde de València, Alfonso Grau, se acogió ayer a su derecho de no declarar tras su segunda imputación por la financiación irregular en la campaña electoral de 2007 que él dirigió. Grau ya estaba siendo investigado por la presunta financiación irregular de 2011, aunque el pasado mes de septiembre el magistrado del Caso Taula, Víctor Gómez, decidió investigarlo también por la campaña electoral de 2007, a la que el PP de València concurrió supuestamente financiado por las principales contratistas del Ayuntamiento de València. La antigua mano derecha de Rita Barberá durante años al frente del Ayuntamiento de València tampoco quiso hacer declaraciones a los periodistas que le esperaban a las puertas del juzgado. A Grau se le imputan los presuntos delitos de cohecho, malversación y delito electoral en relación con la financiación de las campañas del PP de la ciudad de 2007 y 2011 a través de la empresa Laterne Product Council (LPC).

Quien sí ofreció su versión de los hechos durante casi dos horas fue el exconcejal de innovación y director de dos fundaciones municipales implicadas en esta presunta financiación ilegal, Juan Eduardo Santón.

Según fuentes conocedoras de su declaración el exedil intentó desvincular de la esfera pública las dos fundaciones que dirigió, el Centro de Estrategias y Desarrollo (CEyD) y la Fundación para la innovación urbana y economía del conocimiento (Fivec), que pagaron un millón de euros en contratos a la empresa de comunicación Laterne Product Council. No obstante, finalmente tuvo que admitir que el presupuesto de ambas entidades dependía de si existía crédito presupuestario en el Ayuntamiento de València, por lo que su financiación era cien por cien pública. De hecho, también reconoció que todas las contrataciones del CEyD y de Fivec «pasaban por Grau» y no se movía un papel sin su consentimiento. Santón declaró ante el juez y el Fiscal Anticorrupción que no recordaba prácticamente ningún trabajo realizado por Laterne Product Council, ni mucho menos pudo aportar algún tipo de documentación al respecto. Sí declaró que para él todo el satélite de empresas creada por el fallecido Vicente Sáez Tormo eran «todas la misma» y que no había visto «nada irregular» durante los años que dirigió el CEyD (desde 2003 hasta 2008, cuando decidió abandonar la política).

Las declaraciones por la pieza del Caso Taula que investiga presunto pitufeo y delito electoral en las elecciones de 2007, 2011 y 2015 continuarán el próximo 16 de octubre con la comparecencia de la tesorera nacional del PP, Carmen Navarro, y el exgerente provincial popular, Juan Antonio Moscardó Úbeda.