A punto de cumplir 10 años, la conocida como Ley de Memoria Histórica de 2007 aún no es una realidad. Para impulsar su cumplimiento, el doctor y abogado Eduardo Ranz, ha presentado una solicitud de dictamen dirigida al Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana.
La petición, que cuenta con el apoyo del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica, se pide al órgano consultivo un dictamen sobre la aplicación del artículo 15.1 de la ley, que regula la retirada de «escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura».
La petición, presentada el pasado jueves, ha llegado a 11 consejos consultivos autonómicos, que deberán pronunciarse sobre el cumplimiento o incuplimiento de la ley, tanto en la simbología del municipio o de los templos religiosos, como en la denominación de los pueblos, apunta el documento al que ha tenido acceso Levante-EMV. En él, se detallan 16 municipios en los que aún quedan símbolos franquistas. Escudos, cua-dros, placas, memoriales, monumentos, nombres de calles, plazas y avenidas, entre otros, aún rinden homenaje a los golpistas o a la dictadura en Ademuz, Alicante, Alpuente, Benissanó, Bétera, Canals, Cotes, la Pobla de Vallbona, La Yesa, Llíria, Loriguilla, Quesa o València. Matías Alonso, coordinador del grupo, asegura que algunos municipios ya se han puesto a trabajar en ello y otros habría que incluirlos.
Esta petición al CJC es un paso más en un recorrido que empezó en 2015, cuando Ranz, Alonso y el entonces diputado José Luis Ábalos (ahora secretario de Organización del PSOE) realizaron peticiones a los ayuntamientos -además de al Arzobispado de València- y denuncias penales contra alcaldes y alcaldesas para que retiraran los símbolos franquistas todavía existentes.
«Tiene que haber un gesto concreto», especifica Alonso. En algunos municipios, cargos del franquismo o incluso Francisco Franco continúan siendo hijos adoptivos, tienen alcaldías honorarias o medallas de oro y plata. Así, también se vulnera un Real Decreto de 1981 que establece cuál es el escudo oficial de España y daba tres años para sustituir los anticonstitucionales.
Alonso y Ranz esperan ahora que el CJC «sea el que logre, de una vez por todas, que determinados alcaldes y alcaldesas cumplan las leyes que emanan del Parlamento»; y que, al presentarlo a la vez en 11 consejos consultivos de toda España, se acabe con los «agravios comparativos» y «se establezca un criterio unánime en la ilegalidad de la simbología y la necesidad de reasignación» entre todas las autonomías.
Ley valenciana: una nueva etapa
Aunque el CJC no tiene fuerza ejecutiva, solo informativa, su respuesta puede convertirse en un procedimiento contencioso-administrativo hacia los ayuntamientos que no acaten la ley y servir como prueba. La respuesta del órgano consultivo llegará cuando la Ley de Memoria Democrática del Consell ya esté en marcha, pues se publicará en el Diari Oficial estos próximos días. Para Alonso, la nueva norma valenciana es «otro paso más» que mejora la estatal, ya que incluye sanciones. Como ya publicó este periódico, entre otras cosas, la Generalitat actuará de oficio en la retirada de símbolos. «Entramos en una nueva etapa en la que automáticamente se deben solucionar gran parte de estos casos; es una ley muy valiente, porque dará un año para retirar los vestigios».
