La SIP incluirá el historial de los servicios sociales

La ley de Servicios Sociales Inclusivos que Mónica Oltra presentó ayer en sociedad persigue dotar de estabilidad y garantías un catálogo de prestaciones sociales que durante los últimos 20 años han estado al socaire de la arbitrariedad política y en continuo riesgo de privatización.

La apuesta por dignificar las prestaciones a mujeres víctimas de violencia de género, menores en conflicto con la ley o personas con algún tipo de disfuncionalidad, por citar tres ejemplos, incluye la incorporación del historial de usuario de los servicios sociales al Sistema de Información Poblacional (SIP) que se exhiben forma de tarjeta al acudir a los centros de salud.

El personal dispondrá del historial clínico de los usuarios y, en paralelo, de su historial como usuarios de servicios sociales. El proyecto para unificar los sistemas que guardan la información de los ciudadanos se desarrollará a lo largo de los próximos dos años con fondos europeos. Y representa un auténtico cambio de paradigma a la hora de afrontar los servicios sociales.

«Nadie pone en cuestión la escolarización de un niño por una posible falta de presupuesto», comentó Oltra. Del mismo modo, los usuarios podrán acudir sin cortapisas a los centros de atención a ciudadanos en cualquier situación de desamparo o necesitados de algún tipo de mediación jurídica sin titubear, sin dudar sobre la oportunidad de la visita o de la posible respuesta de la administración autonómica.

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Servicios Sociales confía en que los ciudadanos efectivamente puedan requerir la tutela de la Generalitat ante cualquier circunstancia adversa sin dudar sobre el resultado de sus requerimientos.

El uso del SIP contribuirá a modificar la percepción de los servicios sociales, pero no será tan sencillo. En la actualidad es imposible estimar siquiera el número de usuarios de servicios sociales porque las prestaciones se ofrecen desde las más diversas instancias y porque, como apuntó Oltra, «ahora hay 119 aplicaciones diferentes que registran las distintas prestaciones sociales».

Unificar esa información, estar en disposición de elaborar estadísticas fiables sobre prestaciones sociales y definir los recursos necesarios para afrontar la demanda a partir de «datos fiables y no de intuiciones» será la tarea que desarrolle el denominado Instituto de Calidad de los Servicios Sociales que crea la misma ley, una norma que Oltra no dudó en calificar como «la ley de la legislatura», la que convertirá a la Comunidad Valenciana en referente nacional contra el desamparo.