El Consell cree que el PP «ha orquestado» una campaña en su contra. Tras la denuncia del pasado viernes al área de Igualdad y Políticas Inclusivas, con la vicepresidenta Mónica Oltra al frente, otra denuncia ha llegado a la Fiscalía en los últimos días referida a hechos de la consellerias de Transparencia y de la de Educación, dirigidas por Manuel Alcaraz y Vicent Marzà, respectivamente. La irregularidad expuesta es el fraccionamiento de contratos, una de las acusaciones también vertidas contra Igualdad.
La diputada y número del PPCV, Eva Ortiz, es quien formula el texto acusatorio. Fiscalía ha pedido esta misma semana a las conselleries que le remitan una copia autenticada de todos los contratos suscritos por los proyectos denunciados.
En el caso de la Conselleria de Educación, los populares ponen el foco en un supuesto procedimiento irregular en la contratación de los servicios para la Primavera Educativa, que tuvo lugar el 13, 14 y 15 de mayo de 2016. Acusan a la conselleria de haber elegido el proyecto más caro y haber fraccionado contratos
Fuentes de Educación aseguraron ayer, sin embargo, que se trata de «consideraciones subjetivas sin ninguna base jurídica», que albergan un gran número de errores materiales «en datos y cuantías» con cifras que «ni siquiera se han molestado en sumar bien», criticaron las fuentes.
No solo eso. Según la explicación ofrecida ayer por Educación para esclarecer las acusaciones, en la denuncia «se confunde la Primavera Educativa con otras acciones de la conselleria», dado que se incluyen facturas de la actividad «El árbol de las lenguas», una acción que se desarrolló desde marzo a septiembre.
Acusaciones a Cooperación
Los populares, por otra parte, acusan a la conselleria de Manuel Alcaraz de haber fraccionado contratos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una serie de actividades que Transparencia llevó a cabo en distintos colegios de la Comunitat Valenciana. En la denuncia se mencionan cuatro contratos que consideran irregulares, todos suscritos por el director general de Cooperación y Solidaridad, Federico Buyolo.
La conselleria replicó detalladamente por cada uno de los contratos mencionados. Fuentes de Transparencia tildaron ayer de «curioso» que el Partido Popular acuse a un responsable de Cooperación cuando «su exconseller se encuentra en prisión por robar subvenciones en esta materia».
Además, enmarcaron esta acción en una «campaña de desprestigio y descrédito al Govern del Botànic», una forma de correr una «cortina de humo para ocultar los encuentros de su partido estos días con la justicia».
La Fiscalía ha abierto ayer un plazo de diez días para realizar alegaciones y presentar los documentos correspondientes.
En estos momentos ambas consellerias se encuentran recopilando los contratos mencionados en la denuncia para justificar que los procesos se realizaron correctamente, aseguraron.
Una «actuación a la desesperada»
En estos términos se manifestó ayer el portavoz de Compromís en las Corts, Fran Ferri, para quien esta sucesión de denuncias «son acusaciones falsas».
En un comunicado, Ferri acusó al PP de interponer estas acciones dado «el estrepitoso fracaso en su intento por regenerarse», por lo que sus dirigentes «actúan a la desesperada» en un momento en el que los escándalos del PP «siguen abriendo informativos diariamente». Por ello, Ferri señaló que «al partido de Isabel Bonig, Mariano Rajoy y Francisco Camps no se le ha ocurrido otra cosa que llevar ante la Fiscalía denuncias absurdas y chapuceras».
