El Caso Taula investigará en una séptima pieza separada el presunto pago de mordidas en la construcción de colegios, a cambio de adjudicaciones. El Juzgado de Instrucción 18 de València comunicó ayer la creación de este nuevo apartado de la macrocausa en el que se pondrá la lupa sobre las adjudicaciones realizadas por la empresa pública Ciegsa (Construcciones e infraestructuras educativas de la Generalitat SA) durante la etapa de Máximo Caturla como consejero delegado y secretario autonómico de Educación.

El magistrado del Caso Taula, Víctor Gómez Saval, toma esta decisión tras el informe de la Guardia Civil que analizaba las contrataciones en Ciegsa entre 2003 y 2007, presuntamente amañadas. En la cúspide de esta supuesta trama organizada para el pago y cobro de comisiones se encontraría Máximo Caturla, «que era la persona con el poder decisivo y efectivo para decidir sobre las adjudicaciones de obra» en las que, supuestamente, «se favorecía a determinadas empresas a cambio de comisión o dádiva, con una finalidad de lucro que podría tener su origen en la financiación de un determinado partido político [en alusión al Partido Popular] o, alternativamente o conjuntamente a ello, en el propio lucro personal», según dicta el juez en su último auto.

A Caturla lo acompañarán en esta causa el expresidente provincial del PP de València, Alfonso Rus. El magistrado considera a Rus «posible inductor de dicha conducta», en referencia al supuesto cobro de mordidas. Y señala al exyonki del dinero, Marcos Benavent, como «recaudador» de estas comisiones, según la autoinculpación que ha hecho el mismo Benavent en el juzgado.

También se han visto involucrados cuatros técnicos y arquitectos de Ciegsa «en la medida en que, mediante su cometido técnico en la empresa, pudieron haber colaborado dando una cobertura de aparente legalidad a decisiones que venían a estar establecidas arbitrariamente y de antemano». El juez también citará a declarar como imputados a los responsables de las mercantiles Cleop (que ya estaban siendo investigados), BM3, Dragados y Acciona.

Contra quienes no se dirigirá la investigación será contra los altos cargos de la Generalitat que aparecen nombrados en las grabaciones de Marcos Benavent aportadas a la causa y recopiladas en el informe de la Guardia Civil. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluyeron que en el PP de la Comunitat Valenciana existía una «supuesta estrategia de recaudación a nivel autonómico y provincial» con «fondos de procedencia ilícita» de la que se habría financiado no sólo el partido a nivel regional, sino provincial.

Al frente de esta fábrica de dinero negro, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a la cúpula de la Generalitat con «Francisco Camps Ortiz, presidente de la Generalitat en la época de los hechos investigados», a la cabeza. Según los investigadores, Camps «sería quién habría impartido determinadas instrucciones a Gerardo Camps, supuestamente en relación al control de las adjudicaciones y del reparto de comisiones». Gerardo Camps, entonces conseller de Economía y Hacienda y actual diputado en Madrid, junto al vicepresidente Víctor Campos eran «los encargados de controlar a quién se le tenían que adjudicar los colegios en cada caso». Campos también sería un «recaudador de dinero para el partido, ya fuera provincial o regional» y la persona «que pagó presuntamente 20 millones de un congreso provincial».

El juez cree que las menciones a estos altos cargos en las grabaciones son «indirectas, genéricas e imprecisas, en un contexto conversacional de difícil interpretación» por lo que «no justifican dirigir la investigación» contra ellos.